En una reciente sesión, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una proposición que permite al Gobierno Nacional modificar la lista de municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta iniciativa busca incluir territorios que, pese a haber sido afectados por el conflicto armado, no fueron priorizados inicialmente.

La propuesta: ajustes en la lista de municipios PDET
Los PDET, establecidos en el Decreto Ley 893 de 2017 tras el Acuerdo de Paz, abarcan actualmente 170 municipios considerados de alta afectación por la guerra. Sin embargo, localidades como Cravo Norte y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, quedaron excluidas, a pesar de haber sufrido intensamente la violencia armada y sus consecuencias socioeconómicas.
La proposición, presentada por el representante Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, plantea que, previo estudio técnico, el Gobierno pueda ajustar la composición de los municipios PDET con el objetivo de equilibrar el desarrollo en territorios con características similares. Según Cadavid, no se trata de aumentar el número total de municipios beneficiados, sino de redistribuir los que ya están dentro del programa para que aquellos que han superado ciertas condiciones cedan su lugar a otros con mayores necesidades.
Aunque la votación del proyecto de ley fue suspendida por falta de consenso en la plenaria, la propuesta de modificar los municipios PDET fue aprobada.

El caso de Arauca: Cravo Norte y Puerto Rondón
Arauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia, con una fuerte presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y una débil presencia estatal en zonas rurales. Municipios como Cravo Norte y Puerto Rondón han sido escenario de enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores armados, lo que ha generado desplazamientos forzados y limitaciones en el acceso a servicios básicos.
A pesar de esta realidad, estos municipios no fueron incluidos en la lista inicial de los PDET, lo que ha limitado el acceso a inversiones en infraestructura, educación, salud y proyectos productivos. Su posible inclusión mediante la modificación del listado busca corregir esa omisión histórica y permitirles acceder a recursos esenciales para su desarrollo.

Debate y posiciones encontradas
La iniciativa ha generado opiniones divididas en el Congreso y entre expertos. Mientras algunos consideran que permitirá una distribución más equitativa de los recursos en territorios históricamente afectados, otros advierten que podría diluir los esfuerzos y fondos destinados a los municipios inicialmente priorizados.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, expresó su preocupación, indicando que abrir el listado de municipios PDET podría afectar la eficacia en la reducción de la pobreza rural. “Si el Senado no corrige, sepultarán un pilar fundamental del Acuerdo de Paz”, advirtió en su cuenta de X.
Por otro lado, sectores que apoyan la medida argumentan que mantener un listado inamovible no permite atender nuevas dinámicas del conflicto y deja por fuera a territorios que continúan sumidos en la violencia y la falta de inversión estatal.
Lo que sigue en el trámite legislativo
El debate continuará en el Congreso, donde el Senado deberá analizar y decidir sobre la viabilidad de esta propuesta en los próximos debates legislativos. Se espera que el Gobierno y las bancadas lleguen a acuerdos que permitan garantizar la continuidad y eficacia de los PDET, asegurando que los recursos sean utilizados de manera estratégica para el beneficio de las comunidades más vulnerables del país.

















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