La Defensoría del Pueblo reporta que, en lo que va del año, 51 personas han sido secuestradas en Arauca, de las cuales cinco fueron asesinadas, 18 permanecen en cautiverio y 28 han sido liberada. El reciente plagio de cinco ganaderos agrava la situación de seguridad en la región
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre la crítica situación de seguridad en el departamento de Arauca. Según el organismo, en los primeros tres meses de 2025, se han registrado 51 casos de secuestro. De estas víctimas, cinco han sido asesinadas, 18 continúan en cautiverio y 28 han sido liberadas.
El más reciente incidente ocurrió el 27 de marzo, cuando cinco ganaderos fueron secuestrados mientras se desplazaban desde Casanare hacia Arauca. Las víctimas fueron interceptadas en una zona rural entre Paz de Ariporo y Tame.
Reacciones oficiales y medidas adoptadas
El gobernador de Arauca, César Ortiz Zorro, expresó su preocupación por la creciente ola de secuestros y manifestó su solidaridad con las familias afectadas. Indicó que se han activado los organismos de seguridad e inteligencia para dar con el paradero de los secuestrados y garantizar su pronta liberación.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que cesen estas prácticas y respeten los derechos fundamentales de la población civil. Además, ofreció su mediación para facilitar la liberación de las personas que aún permanecen en cautiverio.
Contexto de violencia en la región
Arauca ha sido históricamente una zona de alta conflictividad debido a la presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades señalan al ELN como uno de los principales responsables de los secuestros en la región. Esta situación ha generado desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que afecta a miles de habitantes.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Arauca y han instado al Gobierno colombiano a implementar medidas efectivas para proteger a la población civil y garantizar el respeto por los derechos humanos.
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