El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó la retención de cinco ganaderos en Puerto Rondón, Arauca, señalándolos de presuntos vínculos con disidencias de las FARC. Las autoridades y organismos de derechos humanos exigen su liberación inmediata.
El 27 de marzo de 2025, cinco ganaderos fueron secuestrados en una vía rural del municipio de Puerto Rondón, Arauca. Las víctimas fueron identificadas como Betuel Barrera Sandoval, Leonin Barrera Sandoval, Adoran Barrera Sandoval, Emilio Cristancho Tarache y Leander Antonio Salamanca Peroza.
El Frente de Guerra Oriental del ELN emitió un comunicado el 3 de abril, atribuyéndose el secuestro y acusando a los ganaderos de colaborar con las disidencias de las FARC. Según el ELN, las víctimas habrían participado en una reunión con miembros de las disidencias y estarían involucradas en actividades de financiación y extorsión. El grupo insurgente indicó que los retenidos están siendo sometidos a un proceso de investigación interna y que, una vez concluido, se informará sobre su situación.
Reacciones de las autoridades y organismos de derechos humanos
La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro y exigió la liberación inmediata de los ganaderos, resaltando la crítica situación de seguridad en Arauca, donde se han registrado 51 secuestros en lo que va del año. La entidad ofreció su mediación para facilitar la liberación y garantizar la integridad de las víctimas.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en la región y solicitó la intervención de organismos nacionales e internacionales para abordar la crisis humanitaria que afecta a la población civil.
Contexto de violencia en Arauca
Arauca ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, quienes disputan el control territorial y de economías ilegales en la zona. Esta confrontación ha generado desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros, afectando gravemente a la población civil.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la creciente violencia en el departamento y han instado al Gobierno Nacional a implementar medidas efectivas para proteger a los habitantes y garantizar el respeto por los derechos fundamentales.
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