El exgobernador de Arauca solicitó suspender su diligencia de aceptación de cargos para avanzar en un principio de oportunidad que podría destapar redes de corrupción.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aceptó aplazar la audiencia de aceptación de cargos contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, tras su petición de abrir un espacio para negociar un preacuerdo con la Fiscalía. Según expuso ante el magistrado ponente, la intención es formalizar un principio de oportunidad que le otorgue beneficios judiciales a cambio de entregar información relevante para las investigaciones en curso.
El caso, que involucra presuntos hechos de corrupción durante su administración, ha estado en la agenda judicial desde hace meses. Castillo enfrenta acusaciones que incluyen celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y posible concierto para delinquir. La negociación con la Fiscalía, de concretarse, podría implicar la revelación de nombres, contratos y operaciones que, según fuentes judiciales, alcanzarían a antiguos aliados políticos y contratistas de alto perfil.
Una jugada de alto riesgo
El movimiento de Castillo es interpretado por algunos analistas como una estrategia para reducir su eventual condena, pero también como una maniobra que podría reconfigurar el panorama político en Arauca. La expectativa crece ante la posibilidad de que su testimonio aporte pruebas directas sobre la existencia de redes corruptas con ramificaciones en entidades locales y nacionales.
Desde el alto tribunal se advirtió que la aceptación del preacuerdo dependerá del valor jurídico y la utilidad de la información que se entregue. La Corte mantendrá el proceso suspendido mientras se adelantan las conversaciones con la Fiscalía, pero dejó claro que, si no se alcanza un resultado concreto, el juicio se retomará sin más aplazamientos.
Reacciones en Arauca
En el departamento, la noticia ha generado un clima de nerviosismo. Líderes sociales y veedores ciudadanos ven en este episodio una oportunidad para esclarecer hechos y sancionar responsables, mientras que sectores cercanos al exgobernador temen que la negociación se convierta en un arma política de amplio alcance.
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