El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que 15 adolescentes perdieron la vida en bombardeos y operativos del Ejército entre 2023 y 2025. Las cifras reavivan el debate sobre el uso de la fuerza y la protección de menores reclutados por grupos armados.
El informe oficial, presentado esta semana ante la Procuraduría General de la Nación, detalla que los menores fallecieron en tres operaciones militares realizadas en zonas selváticas del sur y oriente del país, en contextos de enfrentamientos con disidencias de las FARC y frentes del ELN. Las necropsias confirmaron que las víctimas tenían entre 13 y 17 años y fueron reclutadas de manera forzada por estructuras armadas ilegales.
Informe con implicaciones judiciales y políticas
El documento de Medicina Legal, de carácter pericial, fue remitido también a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía, en el marco de las investigaciones por posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Estos casos requieren establecer si las operaciones cumplieron con los principios de distinción y proporcionalidad”, —explicó una fuente judicial consultada.
Las muertes ocurrieron en acciones registradas en Puerto Leguízamo (Amazonas), Arauquita (Arauca) y Calamar (Guaviare). En los tres casos, los bombardeos tenían como objetivo campamentos de grupos armados organizados, donde posteriormente se hallaron cuerpos de adolescentes vinculados a esas estructuras.
Reacciones y posiciones institucionales
El Ministerio de Defensa sostuvo que todas las operaciones se desarrollaron con base en inteligencia militar y bajo estrictos protocolos. “El reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones criminales es una tragedia que enfrentamos con responsabilidad. Ninguna acción tuvo como blanco a civiles”, —manifestó el ministro Iván Velázquez, al responder a los cuestionamientos.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de infancia, sin embargo, pidieron revisar los procedimientos operativos y fortalecer los mecanismos de prevención del reclutamiento. “La muerte de estos menores muestra un fracaso colectivo: del Estado, de la sociedad y de los grupos armados que los usan como escudos”, —dijo la directora de la Fundación Infancia sin Armas.}
Debate sobre la responsabilidad y las reformas pendientes
El informe abre un nuevo frente de debate en el Congreso y ante organismos internacionales. La Comisión de Paz anunció audiencias públicas para revisar los protocolos de intervención militar en zonas con presencia de menores.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo urgió la adopción de medidas integrales para el desarme y la reintegración de adolescentes reclutados, así como mayor coordinación entre las Fuerzas Armadas, el ICBF y la comunidad internacional.
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