El cierre físico previsto para el 1 y 2 de octubre cambia de rumbo después de una tutela y de la intervención de la Defensoría. La disputa ahora se concentra en la situación jurídica y en las garantías de quienes siguen en Valle del Guamuez.
Un cierre que cambió de rumbo
El Gobierno Nacional frenó el cierre inmediato de la Zona de Ubicación Temporal, ZUT, de Valle del Guamuez, Putumayo, y abrió un plazo de dos meses para resolver la situación jurídica de las personas que permanecen allí, según información conocida este jueves 1 de octubre. En el espacio continúan 62 exintegrantes que entregaron armas y avanzan en su tránsito a la vida civil.
La decisión modifica el escenario que estaba previsto apenas horas antes. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz había activado una comisión humanitaria para realizar la salida física de quienes seguían en la zona entre el 1 y el 2 de octubre. Esa actuación se produjo pese a que un juez de Puerto Asís había suspendido provisionalmente los efectos de la resolución que ordenaba el cierre mientras estudia una acción de tutela.
El origen de la controversia está en la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, mediante la cual el Gobierno dispuso terminar el funcionamiento de la ZUT. La zona había sido creada durante el proceso de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y recibió a 99 personas que hicieron dejación colectiva de armas y comenzaron un proceso de tránsito a la vida civil.
De 99 a 62 personas
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización informó el 10 de septiembre que mantendría la atención de las 99 personas inicialmente vinculadas al proceso, incluso después del cierre formal de la zona. Con el paso de las semanas, parte de esa población salió del lugar y al cierre de septiembre permanecían 62 personas.
La Defensoría del Pueblo pidió mantener la protección judicial al advertir riesgos para la vida, la seguridad y el proceso de reincorporación. Los accionantes sostienen que no puede ejecutarse un desalojo sin un plan individual de transición y protección que defina qué ocurrirá con cada persona una vez deje de existir el espacio físico.
La situación jurídica pendiente
De acuerdo con el reporte conocido este 1 de octubre, cinco de las 62 personas que permanecen en la ZUT tienen órdenes de captura. La situación de las demás deberá articularse con el programa de reintegración y con las decisiones de las autoridades competentes. La ARN ha aclarado que no resuelve la situación jurídica de esta población, aunque sí mantiene la atención institucional dentro de sus competencias.
El punto central ya no es únicamente cuándo se desmonta la infraestructura de la ZUT. Durante los próximos dos meses deberán resolverse las condiciones de seguridad, atención, reintegración y situación jurídica de quienes siguen allí, mientras avanza la tutela que frenó provisionalmente el cierre.
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