La Procuraduría pidió certificados y ordenó inspecciones tras una denuncia sobre documentos laborales usados para su nombramiento. La funcionaria rechazó los señalamientos.
La Procuraduría General de la Nación abrió el lunes 19 de octubre una investigación disciplinaria contra Lina María Garrido Martín, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por posibles inconsistencias en los documentos usados para acreditar la experiencia exigida para ocupar el cargo.
El expediente surgió de una queja presentada el 13 de octubre. Los cuestionamientos se concentran en certificaciones laborales atribuidas a la Asociación de Ganaderos de la Sabana, Asosabana, y al abogado José Manuel Garcés Castañeda. El denunciante sostiene que una denominación directiva certificada por la asociación no correspondería a un cargo existente y que algunas funciones coincidirían con las descritas en el manual de la ANT.
Certificados y visitas de inspección
La Procuraduría solicitó a la ANT información sobre designación, posesión, salario de 2026, funciones y hoja de vida de la directiva. También ordenó inspecciones para recopilar documentos relativos a la experiencia profesional reportada. El organismo busca establecer qué labores desempeñó y durante cuánto tiempo, con base en soportes fechados y verificables.
Garrido asumió la dirección mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026. El cargo corresponde a Director General de Agencia, código E3, grado 05. La funcionaria es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y cuenta con especializaciones en opinión pública y gerencia social, según la reseña institucional.
La respuesta de la directora
Garrido rechazó públicamente las acusaciones y afirmó que su formación y trayectoria están documentadas. También negó haber falsificado su hoja de vida. Su respuesta hace parte del contraste sobre el nombramiento y deberá cotejarse con los soportes laborales que recaude el Ministerio Público.
De forma paralela, el Consejo de Estado estudia una demanda presentada contra el acto de nombramiento por la congresista Daniela Beltrán. El alto tribunal negó la suspensión provisional, por lo que la directora continúa desempeñando sus funciones mientras se tramitan las actuaciones. La investigación disciplinaria y el proceso contencioso son procedimientos distintos, con decisiones y pruebas propias.
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