Después de casi 19 horas de debates, un retiro de congresistas, negociaciones políticas y votaciones contra el reloj, el Gobierno de Abelardo de la Espriella consiguió su primera gran victoria legislativa. El presupuesto para 2027 quedó aprobado, pero la discusión sobre cómo financiarlo apenas comienza.
Eran cerca de las cuatro de la mañana del martes 20 de octubre cuando la Cámara de Representantes terminó de aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2027. El resultado fue contundente. 112 votos a favor y apenas uno en contra cerraron una jornada que estuvo a punto de quedar paralizada por las diferencias entre las bancadas y los enfrentamientos políticos.
Horas antes, el Senado había respaldado la iniciativa con 57 votos favorables. Las dos corporaciones terminaron acogiendo un presupuesto de $634,95 billones, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y defendido durante el trámite por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
La aprobación llegó después de una jornada de casi 19 horas, marcada por interrupciones, negociaciones de última hora y controversias sobre las modificaciones al articulado. El proyecto quedó listo para sanción presidencial.
La crisis que paralizó la Cámara
La tensión comenzó mucho antes de la votación definitiva. El jueves 15 de octubre, la Cámara había suspendido la discusión por dificultades con el cuórum, después de dedicar buena parte de la sesión a resolver impedimentos de congresistas.
El lunes 19, cuando se esperaba destrabar el proyecto, apareció una nueva dificultad. Los representantes del Partido Liberal abandonaron temporalmente la plenaria en protesta por la confrontación que había sostenido el presidente De la Espriella con la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez, y la congresista liberal Elizabeth Jay-Pang.
La bancada, integrada por 26 representantes, cuestionó el trato del mandatario hacia las dos dirigentes y exigió respeto por los procedimientos institucionales.
La salida de los liberales, sumada a las ausencias de integrantes del Pacto Histórico, afectó el cuórum y obligó al presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, a decretar un receso hasta las ocho de la noche.
Durante esas horas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó conversaciones con los congresistas para facilitar la reanudación del debate.
Finalmente, los liberales decidieron respaldar el presupuesto. Argumentaron que los recursos eran necesarios para atender, entre otras necesidades, a las víctimas del terremoto ocurrido en agosto. La bancada mantuvo sus reparos frente a la actuación presidencial en San Andrés.
Una madrugada de votaciones
Mientras la Cámara intentaba superar sus dificultades, el Senado avanzaba con la discusión del articulado.
El Pacto Histórico presentó una proposición para archivar el presupuesto, que fue derrotada por 56 votos contra 28. Posteriormente, las mayorías aprobaron las modificaciones y hacia las 10:45 de la noche dieron vía libre al proyecto.
En la Cámara, las votaciones tomaron fuerza después de las once de la noche. Inicialmente se aprobaron el informe de ponencia y un bloque de 76 artículos que no tenían proposiciones.
Al acercarse la medianoche, la presidencia levantó la sesión y convocó una nueva para las 12:10 de la madrugada del martes, con el propósito de continuar el trámite sin dificultades asociadas al cambio de fecha.
Las siguientes horas estuvieron dedicadas a resolver propuestas de modificación.
Hacia la 1:30 de la mañana fue rechazada una proposición del representante Jorge Hernán Bastidas sobre el artículo 71, con 105 votos en contra y 15 a favor.
Aproximadamente a las 2:50, la Cámara negó en bloque, con 104 votos, las modificaciones sin aval al artículo segundo, encargado de establecer las apropiaciones presupuestales para las entidades del Estado.
A las 3:37 de la madrugada quedaron aprobados los artículos restantes y sus modificaciones. Minutos después llegó la votación final.
El Gobierno obtuvo así una amplia mayoría legislativa con el respaldo de partidos como Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y Salvación Nacional, además de apoyos de otras colectividades.
El Pacto Histórico, principal fuerza de oposición, se retiró antes de las votaciones definitivas.
Cómo se distribuirán $634,95 billones
La mayor parte de los recursos aprobados financiará el funcionamiento del Estado y sus obligaciones permanentes.
La distribución general quedó establecida así.
- $393,25 billones para funcionamiento, equivalentes aproximadamente al 61,9 % del total.
- $147,07 billones para servicio de la deuda pública, cerca del 23,2 %.
- $94,63 billones para inversión, aproximadamente el 14,9 %.
Esto significa que, de cada cien pesos presupuestados, alrededor de 62 se destinarán al funcionamiento estatal, 23 al servicio de la deuda y 15 a inversión pública.
Durante el trámite también se introdujeron ajustes para diferentes sectores.
En salud se incorporaron $3 billones adicionales. Para educación superior se aprobaron $100.000 millones más, mientras que Invías recibió una asignación adicional de $100.000 millones para proyectos en Santander.
También se contemplaron $100.000 millones adicionales para inversión del Congreso, otros $100.000 millones para la Registraduría y recursos destinados a subsidios de energía eléctrica y gas.
Uno de los cambios más controvertidos fue la reducción de $11.402 millones del presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz, destinados al Ministerio de Defensa para financiar indemnizaciones reconocidas a familiares de integrantes de la Fuerza Pública asesinados por las extintas Farc.
La modificación generó cuestionamientos por sus efectos sobre los recursos disponibles para la justicia transicional.
El presupuesto aumenta pese a la austeridad
La cifra aprobada representa un incremento aproximado del 14,2 % frente al presupuesto vigente y supera en cerca de $59 billones el proyecto de $575,7 billones presentado inicialmente por el Gobierno anterior.
Este aumento generó una controversia política, especialmente porque De la Espriella había prometido durante su campaña reducir el gasto público.
El ministro Miguel Gómez defendió la nueva propuesta argumentando que era necesario reconocer obligaciones estatales que, según el Gobierno, habían quedado insuficientemente financiadas.
La recomposición presupuestal también incluyó una reducción aproximada de $8,36 billones en las apropiaciones previstas para el servicio de la deuda, lo que permitió redistribuir recursos hacia otros componentes.
El debate fiscal continuará. El Ministerio de Hacienda proyecta para 2027 un déficit equivalente al 9,4 % del producto interno bruto, mientras el Ejecutivo prepara una ley de ajuste fiscal con la intención de reducir ese desequilibrio.
Con el presupuesto aprobado, De la Espriella consiguió un respaldo legislativo decisivo para iniciar su primer año fiscal completo en la Presidencia.
La madrugada dejó también una fotografía del Congreso. Una oposición que rechazó el proyecto, unos partidos tradicionales que terminaron acompañando al Ejecutivo y un Gobierno que logró superar una crisis política pocas horas antes de conseguir los votos necesarios.
La cifra quedó aprobada. La próxima confrontación legislativa estará concentrada en el ajuste fiscal y en las medidas que el Gobierno proponga para financiar sus obligaciones durante 2027.
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