El cuerpo de la mujer venezolana apareció en el patio de una vivienda de Cravo Norte. Ilder Guillermo Ricaute, de 46 años, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso.
Un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ilder Guillermo Ricaute, de 46 años, investigado por el presunto feminicidio de Luzmely González González, la mujer venezolana cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda del municipio de Cravo Norte, Arauca.
La decisión fue divulgada el jueves 22 de octubre por el alcalde de Arauca capital, Juan Alfredo Qüenza Ramos. El hombre fue capturado y judicializado en Arauca, después de que las labores de búsqueda condujeran a la vivienda donde se produjo el hallazgo.
Una fosa en Villa Luisa
La búsqueda de Luzmely, reportada como desaparecida, terminó en una residencia de la urbanización Villa Luisa, en Cravo Norte. Su cuerpo fue localizado en una fosa excavada en el patio del inmueble. Un reporte regional describió que la excavación tenía cerca de dos metros de profundidad.
Los reportes iniciales identificaron al principal señalado como un hombre que habría sido pareja de la víctima. Tras la desaparición, el investigado se trasladó hacia Arauca capital con los dos hijos de Luzmely. Los menores quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La decisión cambió el proceso
Con la medida de aseguramiento, Ricaute permanecerá recluido mientras continúa la actuación judicial. La Fiscalía debe sostener ante los jueces la investigación sobre las circunstancias de la muerte, los elementos materiales probatorios y la responsabilidad del procesado.
La investigación tiene como referencia un posible feminicidio. Esa calificación jurídica está vinculada con la presunta muerte violenta de una mujer en un contexto que las autoridades examinan. La medida judicial adoptada esta semana determina la situación de privación de libertad durante el proceso.
El hallazgo del cuerpo y la decisión del juez conmocionaron a Cravo Norte. El expediente pasa ahora de la etapa de búsqueda y localización a la investigación judicial, mientras los dos menores permanecen bajo protección institucional.
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