Documento clave para evaluar la emergencia en la región, analiza el agravamiento del orden público que motivó la conmoción interior decretada por el Gobierno y plantea alertas sobre la implementación de las soluciones propuestas.
Este martes 11 de febrero, a las 3:30 p.m., la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes radicó ante la Secretaría General el informe que analiza las causas, el impacto y la efectividad de la declaratoria de Conmoción Interior en el Catatumbo, el Área Metropolitana de Cúcuta y municipios del sur del Cesar.
Crisis humanitaria sin precedentes
El Catatumbo enfrenta uno de los peores escenarios de violencia en los últimos años. Según el informe, en solo tres semanas más de 54.000 personas fueron desplazadas y 32.400 se encuentran confinadas en sus viviendas por el control territorial de grupos armados ilegales.
Las condiciones de los desplazados son precarias, con acceso limitado a agua potable, salud, alimentación y albergues temporales. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas desde 2023 sobre el riesgo inminente para las comunidades, advirtiendo el crecimiento de la violencia.
Impacto en infraestructura y servicios
Los enfrentamientos entre grupos armados han generado afectaciones en la infraestructura crítica. Se han registrado ataques a oleoductos, bloqueos de carreteras y amenazas a funcionarios públicos, jueces y fiscales. En municipios como Tibú y Sardinata, el sistema de salud y el abastecimiento de alimentos están colapsados.
Ejecución de recursos y planes de intervención
El informe advierte sobre la falta de ejecución oportuna de los recursos destinados al “Pacto Catatumbo”, un programa gubernamental que proyecta una inversión de entre 4 y 6 billones de pesos para la recuperación económica y social de la región.
Líderes locales han denunciado que la ayuda humanitaria es insuficiente y llega con retrasos, mientras que sectores económicos y agropecuarios han sido duramente golpeados por la crisis.
¿Por qué se decretó la Conmoción Interior?
La declaratoria de Conmoción Interior, establecida en el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, se justificó en la necesidad de restablecer el orden en el Catatumbo ante la escalada del conflicto armado.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han intensificado sus acciones en la zona, registrandose ataques a la población civil, asesinatos selectivos y disputas territoriales.
Según el Ministerio de Defensa, en el último mes:
- Se han registrado 41 homicidios, incluidos 4 firmantes de paz y 2 líderes sociales.
- Más de 48.000 personas han sido desplazadas y 25.000 están confinadas en municipios como Tibú, Teorama y San Calixto.
- La crisis ha generado migraciones diarias de hasta 700 personas hacia Venezuela.
A pesar de los operativos militares, el conflicto continúa. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la estrategia de seguridad no ha logrado frenar el avance de los grupos ilegales, lo que ha llevado al Congreso de la República a cuestionar la efectividad de la medida.
¿Qué viene?
Tras la radicación del informe, la Cámara de Representantes deberá evaluar las medidas implementadas en el marco de la Conmoción Interior y definir si las estrategias adoptadas han sido eficaces.
Las principales exigencias de la Comisión Accidental son:
✔ Ejecución efectiva de los decretos expedidos.
✔ Monitoreo del uso de los recursos asignados para evitar corrupción y retrasos.
✔ Presencia del Estado en la región con soluciones más allá de lo militar.
✔ Supervisión parlamentaria rigurosa para evaluar el impacto real de las medidas.
La Comisión ha reiterado que, sin inversión real y cumplimiento de los compromisos estatales, la crisis podría prolongarse y generar mayores afectaciones en la población civil.
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