Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición de predios en el marco de la Reforma Rural Integral. Según el informe, se identificaron hallazgos fiscales por un total de $160.000 millones, derivados de la compra de tierras que no serían aptas para la producción agropecuaria y de demoras en su entrega a las comunidades beneficiarias.
Adquisición de predios con suelos inadecuados
El informe señala que varios de los predios adquiridos presentan suelos con restricciones para cultivos y ganadería, lo que pone en duda su viabilidad para proyectos productivos. Entre ellos se encuentra la hacienda Los Cachorros, ubicada en Puerto Gaitán, que cuenta con suelos ácidos y arcillosos, además de humedales y territorios ancestrales. La adecuación de este terreno para actividades agropecuarias requeriría inversiones estimadas en $200.000 millones, según un concepto agrotécnico.
Asimismo, la Contraloría identificó que más del 50 % de la superficie de algunos predios adquiridos corresponde a suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para el uso agrícola y ganadero. Esta situación contraviene las disposiciones de la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíben la compra de tierras con más del 20 % de su área en suelos de clases VII y VIII para la adjudicación a campesinos.
Ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega de predios
Otro de los hallazgos reportados es la ocupación ilegal de varios predios adquiridos, debido a la falta de control y custodia adecuada por parte de la ANT. Esta situación ha generado un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones y ha impactado socialmente a las comunidades beneficiarias.
Además, el informe indica que la entrega de tierras ha sido lenta. De los 205 predios fiscalizados, solo el 18,5 % han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula. En términos de adjudicación, el 12,2 % han sido entregados a la población campesina, el 5,3 % a comunidades indígenas y apenas el 1 % a comunidades negras. Estos retrasos han generado costos adicionales para la ANT en el mantenimiento de las tierras no adjudicadas y han afectado el avance de la Reforma Rural Integral.
Impacto en la Reforma Rural Integral
La Contraloría advirtió que la lentitud en la adjudicación de tierras obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. De acuerdo con estimaciones del ente de control, con el ritmo actual de adjudicación se requerirían más de 3.984 años para entregar las 2.994.739 hectáreas pendientes.
En este contexto, el director de la ANT, Felipe Harman, ha señalado que ha frenado millonarios pagos en procesos de compra cuestionados y ha denunciado posibles irregularidades en la adquisición de predios. La Procuraduría también realizó una visita administrativa a la entidad, en la que encontró anomalías disciplinarias relacionadas con estos procedimientos.
El informe de la Contraloría ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la compra y adjudicación de tierras, con el fin de garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y que la reforma rural beneficie efectivamente a las comunidades campesinas y étnicas.
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