El domingo 20 de abril de 2025, una patrulla del Ejército Nacional fue atacada con cilindros bomba y ráfagas de fusil en Murindó, Antioquia, resultando en un soldado herido. Las autoridades atribuyen el atentado a la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, que opera en la región del Urabá antioqueño.
El ataque ocurrió hacia las 9:00 de la mañana, en inmediaciones del parque principal de Murindó, a escasos 150 metros del comando de Policía del municipio. Una patrulla del Ejército Nacional adelantaba labores de vigilancia y patrullaje en el sector cuando fue sorprendida por la detonación de un cilindro bomba lanzado desde la zona boscosa.
Testigos informaron que tras la explosión se escucharon múltiples ráfagas de fusil, lo que provocó pánico entre los habitantes. Comerciantes cerraron sus negocios y muchos ciudadanos buscaron refugio dentro de las viviendas o en los centros comunales. Uno de los soldados resultó herido por la onda explosiva y fue evacuado en helicóptero hacia un centro médico de Medellín, donde se recupera con pronóstico reservado.
Según reportes preliminares, no hubo más víctimas ni daños civiles, aunque la fuerza pública no descarta que el cilindro hubiera estado dirigido contra la estación de Policía o los patrullajes conjuntos.
Responsables: la ofensiva del Clan del Golfo en el Urabá
De inmediato, las autoridades señalaron como responsables del atentado a integrantes de la subestructura ‘Carlos Vásquez’, una facción del Clan del Golfo que opera en los municipios del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Este grupo ha sido vinculado en múltiples ataques contra la fuerza pública, acciones de intimidación a líderes comunitarios, reclutamiento de menores y control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Panamá.
Según inteligencia militar, en lo corrido de 2025, esta subestructura ha incrementado su accionar violento en zonas rurales de Murindó, Vigía del Fuerte y Dabeiba. El Ejército ya había advertido sobre la posibilidad de retaliaciones por recientes capturas de jefes logísticos y decomisos de droga que afectan las finanzas del grupo.
El comandante de la Séptima División del Ejército afirmó que se trató de “una acción cobarde que atenta no solo contra la vida de nuestros hombres, sino contra la población civil”. Además, recordó que las tropas permanecen desplegadas para garantizar el orden público y dar con los responsables.
Reacción institucional y situación de seguridad en Murindó
La reacción del Estado fue inmediata. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán activó un plan candado en el casco urbano y las salidas del municipio, mientras unidades del CTI de la Fiscalía y antiexplosivos llegaron al lugar para recoger evidencia y verificar si se dejaron más artefactos en la zona. Se ordenó también un sobrevuelo de helicópteros para disuadir nuevos ataques.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió al Gobierno Nacional una intervención integral para contener la expansión de grupos armados en el occidente del departamento. “Murindó no puede seguir siendo una tierra sin presencia estatal. Esta es una comunidad que necesita más maestros que soldados, más inversión que operativos”, expresó en un pronunciamiento público.
Murindó, un municipio con más del 90% de población afro e indígena, enfrenta graves limitaciones en conectividad, salud y seguridad. Líderes sociales han advertido que mientras persista el abandono estatal, los grupos ilegales seguirán sembrando miedo y ganando control territorial.
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