La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 41 exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 442 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2004 y 2007. Según el tribunal, estos hechos fueron perpetrados por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y, en algunos casos, incluyeron actos de tortura contra las víctimas o sus familiares.
Altos mandos señalados como máximos responsables
Entre los imputados se encuentran los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de Operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército en el período señalado. Según la JEP, ellos lideraron la política de facto de «conteo de cuerpos», con la que presuntamente se buscaba reportar muertes en combate como indicador de éxito militar.
Junto a los generales, la imputación también cobija a 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones de la Cuarta Brigada, quienes habrían participado en la implementación y ejecución de esta práctica. Además, fueron imputados dos terceros civiles que presuntamente formaban parte de una red dedicada a reclutar víctimas para ser entregadas a los militares a cambio de dinero.
Víctimas y modus operandi
De acuerdo con la JEP, las víctimas de estos crímenes fueron en su mayoría hombres jóvenes, campesinos, habitantes de barrios populares y personas en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellas, se identificaron 26 menores de edad y 19 mujeres, 15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también estableció que, por primera vez en una imputación por falsos positivos, se confirmó que algunas de las víctimas fueron sometidas a actos de tortura antes de ser asesinadas. En total, se registraron 22 casos con 41 víctimas que habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas con el objetivo de obtener información sobre presuntos vínculos con grupos armados.
Según el auto de determinación de hechos y conductas, la política de facto de conteo de cuerpos no estaba consignada en documentos oficiales, pero era promovida internamente por los comandantes militares, quienes insistían en la necesidad de reportar bajas como medida de éxito. Se documentaron órdenes en las que se presionaba a las tropas a incrementar el número de muertes en combate y se desestimaban las capturas de insurgentes.
La JEP encontró evidencia de que esta práctica generó un patrón macrocriminal que se consolidó en varias zonas de Antioquia. Los registros indican que la mayor cantidad de casos se presentaron en el Oriente antioqueño (182 víctimas), seguido por el Valle de Aburrá (122 casos) y el norte de Antioquia (62 casos). También se documentaron hechos en el Suroeste (37 víctimas), Occidente (35 casos) y Bajo Cauca (2 casos).
Proceso judicial y posibles sanciones
Los 41 exmilitares imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. En caso de aceptación, la JEP convocará una audiencia pública en la que deberán reconocer su responsabilidad y aportar verdad ante el país. Si el tribunal considera que su testimonio es suficiente y cumple con los estándares de verdad y reparación, podrán acceder a un régimen especial de sanciones restaurativas.
Si los imputados deciden no aceptar los cargos, su caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar un juicio y, de ser hallados culpables, recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
Este auto de determinación de hechos y conductas es el séptimo que expide la JEP dentro del Caso 03, que investiga los falsos positivos en todo el país. Anteriormente, el tribunal ya había confirmado la existencia de patrones similares en regiones como Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila y Dabeiba.
Finalmente, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, recordó que las investigaciones en la jurisdicción especial no solo incluyen a exintegrantes de las Fuerzas Militares, sino también a antiguos miembros de las extintas Farc. En ese sentido, mencionó que el tribunal ha imputado a exintegrantes del secretariado de la guerrilla por más de 20.000 secuestros, 18.600 reclutamientos de menores de edad, violencia sexual y otros crímenes que, en muchos casos, no habían sido juzgados por la justicia ordinaria.
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