Tres firmantes del acuerdo de paz de 2016 fueron asesinados en distintas regiones del país, lo que ha generado un fuerte llamado de atención por parte de organizaciones de derechos humanos, la ONU y el partido Comunes.
Bogotá, 4 de marzo de 2025 / Los asesinatos ocurrieron el domingo 2 de marzo en los departamentos de Arauca, Meta y Casanare. Las víctimas fueron identificadas como Danilo Benavides, asesinado en la vereda Galaxia de Arauquita (Arauca); Faber Alexander Torres Martínez, atacado en la vereda El Vergel de San Juan de Arama (Meta); y Víctor Julio Jiménez, asesinado en Yopal (Casanare).
Las circunstancias de los crímenes apuntan a la acción de grupos armados ilegales que operan en estas regiones. En el caso de Benavides, quien hacía parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín Villa, hombres armados lo atacaron en un sector donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido la presencia de estructuras del ELN y disidencias de las FARC.
Torres Martínez, por su parte, fue atacado en un establecimiento público en San Juan de Arama, una zona catalogada de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados como el Bloque Jorge Suárez Briceño y otras bandas criminales.
En Yopal, Víctor Julio Jiménez fue asesinado por sicarios en el sector de La Fortaleza, donde operan estructuras del Frente 28 y Frente 10 del Comando Conjunto de Oriente, además del ELN y el Clan del Golfo.
Alertas ignoradas sobre el riesgo para excombatientes
La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas (AT 023/23 y AT 011/23) advirtiendo el peligro que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en estos territorios. Sin embargo, los hechos demuestran que las medidas de protección han sido insuficientes y que la violencia contra los excombatientes sigue en aumento.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con estos asesinatos, el número de firmantes de paz asesinados en lo corrido de 2025 asciende a 14, mientras que 30 líderes sociales también han sido víctimas de homicidios en el mismo período.
Reacciones y exigencias al Gobierno
El partido Comunes, conformado por exmiembros de las FARC, rechazó los asesinatos y exigió al Gobierno fortalecer las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas. “La paz se protege cumpliendo el Acuerdo, implementándolo en su integralidad y garantizando la vida de quienes están cumpliendo la palabra”, señalaron en un comunicado.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia, también expresó su preocupación y pidió al Gobierno medidas concretas para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo. “Urge fortalecer las garantías de seguridad para aquellos que dejaron las armas y apostaron por la paz”, afirmó.
La senadora Clara López, del Pacto Histórico, advirtió que estos ataques representan una amenaza directa a la implementación del acuerdo de paz. “Le han declarado la guerra a la paz. Nos solidarizamos con los firmantes y convocamos a los protagonistas de la firma de los acuerdos para juntarse en su defensa frente a la intolerancia que alimenta esta traición”, manifestó.
Preocupación por la reincorporación y la implementación del acuerdo de paz
Estos crímenes evidencian la creciente vulnerabilidad de los excombatientes en proceso de reincorporación, quienes enfrentan amenazas constantes de grupos armados ilegales. Pese a los esfuerzos por avanzar en la implementación del acuerdo de paz, las denuncias de incumplimientos en materia de seguridad y protección persisten.
Las autoridades han anunciado investigaciones para esclarecer estos homicidios, mientras que organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigen acciones concretas y efectivas para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz. La falta de garantías y el aumento de la violencia en las regiones priorizadas para la implementación del acuerdo siguen siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional y del sistema de justicia en Colombia.
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