El Ministerio de Educación anunció el giro de recursos para saldar deudas atrasadas con maestros de todo el país. Fecode celebró el avance, pero pidió vigilancia para que se cumpla sin demoras.
La medida aplica a docentes de planta de preescolar, básica y media, en colegios públicos. Se priorizarán retroactivos pendientes desde 2023.
El Gobierno nacional ordenó el pago de deudas atrasadas a docentes del sector público, correspondientes a incrementos salariales y ajustes contractuales que no habían sido aplicados desde enero de 2023. El Ministerio de Educación emitió la instrucción a las entidades territoriales certificadas (ETC) para que realicen los giros retroactivos de manera prioritaria, con cargo al Sistema General de Participaciones.
La decisión fue anunciada este 6 de junio tras múltiples llamados de Fecode, el principal sindicato de educadores del país, que venía exigiendo cumplimiento a los acuerdos firmados en 2022 y 2023. El Ministerio confirmó que los recursos ya fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda y se encuentran disponibles para ejecución inmediata.
Los atrasos que se acumularon por más de un año
La deuda corresponde, principalmente, al ajuste salarial de los docentes del escalafón nacional que debió aplicarse desde enero de 2023, pero cuya formalización solo se concretó en abril de 2024, cuando se expidió el decreto correspondiente. Esto generó un rezago en pagos mensuales que afectan a más de 320.000 profesores.
En muchas regiones, los docentes denunciaron que no solo se les adeudaban retroactivos salariales, sino también pagos por ascensos, bonificaciones pendientes y reconocimiento de cesantías parciales. Las entidades territoriales, al no contar con recursos líquidos o certificaciones a tiempo, dejaron en espera miles de pagos individuales.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) había advertido que estos incumplimientos violaban derechos adquiridos y afectaban el bienestar de los maestros, especialmente en zonas rurales.
La instrucción oficial: transferencias inmediatas
Mediante la Circular No. 017 del 5 de junio de 2025, el Ministerio de Educación pidió a todas las secretarías certificadas efectuar los pagos antes del 30 de junio, utilizando los saldos disponibles del Sistema General de Participaciones (SGP) y presentando los respectivos informes de ejecución.
La circular, firmada por la ministra Aurora Vergara, señala que el propósito es “honrar los compromisos adquiridos con el magisterio, proteger los derechos laborales de los docentes y mantener la confianza institucional”.
El Ministerio también anunció mesas de seguimiento con Fecode para verificar que no haya demoras, descuentos indebidos ni irregularidades en la dispersión de los recursos.
Fecode responde: celebración moderada y exigencia de cumplimiento
El anuncio fue recibido con satisfacción por la dirigencia sindical, pero también con cautela. El presidente de Fecode, Domingo Ayala, afirmó que “es un paso necesario, pero llega tarde. Los docentes llevan más de un año esperando un derecho ya adquirido”.
La organización reiteró que seguirá vigilante para que el giro de los retroactivos se cumpla sin excusas. Además, pidió que los entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría, acompañen el proceso para evitar que los recursos se desvíen o se congelen en tesorerías departamentales.
En redes sociales, varios maestros celebraron la noticia, pero compartieron experiencias de pagos atrasados en 2022 que aún no han sido saldados en municipios como Tumaco, Maicao, San Vicente del Caguán y Quibdó.
Un alivio financiero que llega en medio de tensión presupuestal
El giro de los retroactivos representa una inyección de más de 1.3 billones de pesos, según estimaciones de Fecode. El Ministerio no ha confirmado la cifra total, pero reconoce que el impacto fiscal es significativo.
La medida llega en un momento de alta tensión presupuestal, cuando los gremios de la salud, educación y justicia reclaman cumplimiento de acuerdos económicos firmados en años anteriores. El propio Ministerio de Hacienda advirtió en mayo que se requiere una “reorganización del gasto” para cumplir compromisos sin comprometer la regla fiscal.
Para los docentes, sin embargo, el mensaje es claro: no están pidiendo beneficios nuevos, sino el cumplimiento de derechos ya reconocidos. Y el reloj, aseguran, ya va más de un año tarde.
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