El fallo de primera instancia impone una inhabilidad de seis meses y una multa de $25.569.840 por incumplimientos en la planeación de un contrato de obra pública en Arauca.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de seis meses de inhabilidad y una multa de $25.569.840 al exalcalde de Tame, Aníbal Mendoza Bohórquez, por irregularidades en la planeación y supervisión del Convenio Interadministrativo No. 161 del 21 de febrero de 2020, suscrito con la Gobernación de Arauca, así como en el contrato de obra pública No. 070 de 2020 firmado con el Consorcio Caño El Plato.
El fallo de primera instancia, contenido en la decisión de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, concluyó que el exmandatario incurrió en una falta grave con culpa grave al no garantizar los requisitos técnicos y ambientales previos a la ejecución del proyecto. Según el ente de control, Mendoza no exigió a tiempo la licencia ambiental ni realizó los estudios de hidrología e hidráulica, requisitos obligatorios para este tipo de obras que afectan fuentes hídricas, en este caso, Caño El Plato.
Ejecución de la sanción
Además del exalcalde Mendoza, el fallo también cobija al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y al gerente del Área de Contratación de la Gobernación, Heivind Palomino Gutiérrez, quienes enfrentan sanciones similares por su participación en la contratación irregular.
El documento oficial de la Procuraduría establece que la sanción de Mendoza se convertirá en salarios, equivalentes a lo que devengaba en 2020, sumando así un total de $25.569.840. En el caso de Palomino Gutiérrez, el monto asciende a $71.593.200, mientras que para Castillo Cisneros, la cifra es de $57.830.178.
Dado que se trata de un fallo de primera instancia, los sancionados aún tienen la posibilidad de interponer recursos legales en su defensa ante la Procuraduría General de la Nación.
Los proyectos de contratación pública en Arauca han sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años debido a deficiencias en la planeación y supervisión de obras. La Procuraduría ha intensificado su vigilancia sobre los mandatarios locales y departamentales, especialmente en aquellos proyectos que impactan el medioambiente y los recursos naturales.
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