El exdirector del Dapre, cercano al presidente Petro, es señalado de liderar una red de corrupción que desvió más de $70.000 millones. Su paradero es desconocido.
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura clave en el círculo más íntimo del presidente Gustavo Petro, enfrenta una solicitud formal de medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de participar activamente en el esquema de corrupción que habría operado desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, expuso audios, testimonios y pruebas documentales que ubican a González como uno de los articuladores de una operación para el desvío de recursos públicos. Según la Fiscalía, él habría coordinado la entrega de millonarios sobornos a congresistas a cambio de apoyos legislativos al gobierno.
Durante la audiencia, González participó desde una ubicación no revelada en el extranjero. Su defensa sostiene que es inocente de los cargos de peculado, cohecho y lavado de activos, pero el hecho de que no se presentara personalmente generó nuevas sospechas sobre su situación jurídica.
Un alfil del petrismo bajo el foco judicial
Carlos Ramón González no es un actor menor. Exintegrante del M-19, fundador del movimiento Verde Oxígeno y coordinador político del Pacto Histórico, ha sido una de las figuras más cercanas a Gustavo Petro desde la campaña presidencial. En el empalme de gobierno ocupó un rol clave y, posteriormente, fue designado director de la Agencia Nacional de Inteligencia.
La cercanía entre González y Petro ha sido evidente. El presidente ha defendido públicamente su honestidad. En mayo pasado, dijo: “Carlos Ramón es un hombre íntegro. No tengo ninguna duda de su ética”. Sin embargo, la solicitud de su detención deja al gobierno en una posición comprometida, especialmente porque ya han sido capturados otros funcionarios cercanos.
El Ejecutivo no ha emitido ninguna declaración oficial desde que se conoció la solicitud de captura. El silencio desde Palacio de Nariño se percibe como una señal de tensión interna o, al menos, de incertidumbre ante lo que pueda venir.
La UNGRD y la red que va quedando al descubierto
El escándalo de la UNGRD se destapó a partir de la compra irregular de carrotanques para La Guajira. El contrato, superior a los 46.000 millones de pesos, fue adjudicado sin licitación, con sobrecostos evidentes y a proveedores sin experiencia. La investigación reveló que parte de los recursos se habría usado para pagar sobornos a congresistas.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, aceptó cargos y está colaborando con la justicia. Sus declaraciones apuntaron directamente a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y a varios congresistas. Según Pinilla, la corrupción fue “una estrategia para garantizar gobernabilidad”.
A la fecha, se estima que el monto total desviado podría superar los 150.000 millones de pesos. La Fiscalía considera que la estructura funcionaba con repartos definidos y una cadena de mando que respondía a intereses políticos, no humanitarios.
Name, Calle y Ortiz: otros nombres ya capturados
La captura de Carlos Ramón González sería la más alta hasta el momento, pero no la única. En las últimas semanas, el escándalo ha derivado en órdenes de detención contra otros pesos pesados de la política:
- Iván Name, expresidente del Senado, fue detenido por presuntamente haber recibido dineros provenientes del entramado UNGRD. Su captura fue ordenada por la Corte Suprema tras el testimonio de Pinilla y otros testigos.
- Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, también fue privado de la libertad bajo los mismos señalamientos. Se investiga si su voto en favor de las reformas del Gobierno estuvo condicionado por esos pagos ilegales.
- Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, fue capturada y señalada de servir como intermediaria en la entrega de recursos a congresistas aliados. Su rol como enlace directo entre Casa de Nariño y las regiones es clave en la investigación.
Con estos tres nombres ya procesados, y la solicitud de detención contra González, la red denunciada por la Fiscalía toma forma como uno de los mayores escándalos de corrupción en tiempos recientes.
Reacciones divididas, presión institucional creciente
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que “el gobierno está ahogado en corrupción y ya no puede taparlo más”. El excandidato Federico Gutiérrez pidió al presidente que se pronuncie: “¿Va a seguir guardando silencio o va a enfrentar esto como jefe de Estado?”.
Desde el oficialismo, el senador Iván Cepeda llamó a la calma institucional: “Se deben respetar las garantías procesales, pero el país merece saber toda la verdad”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado por la prensa y evitó responder.
La Procuraduría anunció que investigará disciplinariamente a los funcionarios involucrados, mientras que en el Congreso ya se discute citar a varios ministros para explicar lo ocurrido. La presión pública aumenta, y el caso UNGRD dejó de ser un asunto administrativo: ahora es un terremoto político.
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