El presidente Gustavo Petro solicitó la nulidad de la sentencia del Consejo de Estado que le prohíbe ordenar la transmisión de Consejos de Ministros a través de canales privados de televisión. Según el mandatario, el fallo vulnera derechos fundamentales a la libertad de expresión y acceso a la información, e impide el ejercicio de un gobierno transparente y cercano al pueblo.
La controversia surgió tras una decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró ilegal la orden presidencial de transmitir en directo por canales privados sesiones de Consejos de Ministros, argumentando que ello excedía sus facultades y vulneraba la autonomía de los medios. La sentencia respondió a una demanda que cuestionaba el uso de la televisión privada como herramienta directa del Ejecutivo.
El alto tribunal argumentó que si bien la Presidencia puede garantizar la difusión de actos gubernamentales a través de canales institucionales como RTVC, no puede imponer a medios privados la obligación de transmitir contenido oficial. En respuesta, el presidente Petro calificó la decisión como una “censura institucional que niega al pueblo su derecho a ver cómo se gobierna”.
“El pueblo tiene derecho a ver”: Petro
A través de su equipo jurídico, Petro interpuso una solicitud formal de nulidad de la sentencia, aduciendo que se incurrió en una “vulneración sustancial al debido proceso” y que se violan principios constitucionales como la libertad de expresión, el principio democrático y el derecho del ciudadano a participar y estar informado.
“El pueblo tiene derecho a ver cómo se toman las decisiones que lo afectan, no en privado, sino en público, en vivo, con sus propios ojos”, expresó Petro en redes sociales. Además, el mandatario sostiene que su propuesta no obliga a ningún medio a transmitir, sino que busca facilitar acuerdos de divulgación voluntaria para ampliar el acceso ciudadano a las deliberaciones del Ejecutivo.
Medios, transparencia y democracia: el debate de fondo
Este caso reabre el debate sobre los límites entre el derecho a la información, la libertad de prensa y el uso de los medios para fines de pedagogía gubernamental. Mientras sectores del gobierno defienden que la retransmisión de Consejos de Ministros fortalece la transparencia, algunos juristas advierten que imponer contenidos oficiales en medios comerciales puede generar presiones indebidas o desnaturalizar la función crítica del periodismo.
Expertos en comunicación política señalan que la exposición continua de reuniones internas también puede derivar en una teatralización del gobierno, donde las decisiones reales se tomen por fuera de cámaras. Otros, por el contrario, destacan que transmitir estas reuniones es una forma innovadora de gobernanza abierta.
¿Qué sigue en el plano jurídico?
La solicitud de nulidad deberá ser estudiada por el mismo Consejo de Estado, que decidirá si admite o no revisar el fallo. Para prosperar, Petro deberá demostrar que hubo errores sustanciales de procedimiento o de interpretación jurídica. En paralelo, sectores de oposición ya han anunciado nuevas acciones para limitar lo que consideran un uso indebido del poder presidencial sobre los medios.
Mientras tanto, el Ejecutivo continuará transmitiendo las reuniones a través del sistema de medios públicos, como Canal Institucional y plataformas digitales. La disputa podría escalar hasta la Corte Constitucional si se considera que hay un conflicto de fondo entre principios fundamentales de la Carta Magna.
Datos clave
- El Consejo de Estado emitió el fallo el pasado 10 de abril, tras una demanda interpuesta por un ciudadano.
- La sentencia solo restringe la transmisión obligatoria por medios privados, no impide la difusión institucional.
- Desde 2022, el gobierno Petro ha transmitido más de 35 Consejos de Ministros en vivo, incluyendo desde regiones apartadas como Guainía, Chocó y La Guajira.
- El sistema RTVC ha ampliado su audiencia digital en más del 150% desde el inicio del actual gobierno.
Deja una respuesta