La Organización de las Naciones Unidas calificó el magnicidio como un ataque directo a la democracia e instó al Estado colombiano a reforzar la seguridad para candidatos y líderes políticos.
La ONU expresó este martes su “profunda consternación” por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido dos meses después de que sufriera un atentado en plena campaña electoral. A través de un comunicado de su Secretaría General, el organismo advirtió que este tipo de hechos “debilita la confianza en los procesos democráticos” y exige una respuesta inmediata y contundente del Estado.
La organización instó a las autoridades colombianas a garantizar que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de seguridad, respeto y participación plena. “La violencia política no tiene cabida en sociedades democráticas. Es deber del Estado proteger a todos los candidatos y actores políticos sin distinción”, señaló la declaración.
Llamado a una investigación rápida y transparente
La ONU urgió a que las investigaciones sobre el magnicidio se realicen con celeridad, independencia y apego a la ley, con el fin de llevar ante la justicia tanto a los responsables materiales como a los autores intelectuales. Asimismo, ofreció cooperación técnica y acompañamiento en materia de derechos humanos y observación electoral.
Representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia indicaron que el organismo ya ha solicitado reuniones con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para conocer de primera mano los avances del caso y las medidas de protección que se adoptarán en el corto plazo.
Repercusiones internacionales del pronunciamiento
El mensaje de la ONU se suma a las expresiones de condena de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y varios gobiernos de América y Europa, que han coincidido en exigir justicia y medidas urgentes para evitar que la violencia política influya en el curso de la campaña electoral de 2026.
Analistas internacionales interpretan el pronunciamiento del organismo como una señal de alerta global sobre la situación de seguridad en Colombia y un recordatorio de que la comunidad internacional seguirá de cerca la forma en que el país responda a este crimen.
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