La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa sobre Sanitas EPS, una de las más grandes del país, luego de evidenciarse incumplimientos financieros y fallas críticas en la atención de sus más de 5,7 millones de afiliados.
Bogotá abril 02 de 2025 | La Superintendencia Nacional de Salud decidió mantener la medida de intervención forzosa administrativa sobre Sanitas EPS, iniciada en abril de 2024, por un año adicional. La decisión, comunicada el 2 de abril de 2025, se fundamenta en la persistencia de irregularidades que comprometen la viabilidad financiera de la entidad y la garantía de atención oportuna para sus usuarios. Según el ente de control, Sanitas no ha corregido los hallazgos que motivaron la intervención inicial, lo que impide levantar la medida de vigilancia estatal.
Esta extensión se da en un momento especialmente crítico para el sistema de salud colombiano, en el que varias EPS enfrentan procesos similares. La medida busca evitar un colapso masivo en la red de atención, mientras se implementan estrategias de salvamento estructural. Sanitas representa uno de los pilares del aseguramiento en salud en Colombia, y su deterioro pone en riesgo la estabilidad de clínicas, hospitales y millones de pacientes.
Cifras de una crisis profunda
Sanitas EPS atiende actualmente a 5,7 millones de afiliados a nivel nacional, lo que la ubica como la segunda entidad promotora de salud con mayor número de usuarios. De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), publicado en marzo de 2025, la EPS mantiene una deuda total de aproximadamente 1,3 billones de pesos con instituciones prestadoras de servicios. De ese total, más de 523.000 millones corresponden a obligaciones en mora, es decir, facturas vencidas que no han sido pagadas, pese a los compromisos adquiridos tras la intervención. Esta situación ha generado tensiones con clínicas y hospitales, que denuncian atrasos críticos en los pagos y dificultades para sostener operaciones básicas.
El deterioro no solo es financiero. Usuarios, redes médicas y veedurías ciudadanas han documentado fallas en la atención prioritaria, demoras en la entrega de medicamentos, interrupciones de tratamientos oncológicos y retrasos en la asignación de citas especializadas. La Supersalud ha corroborado estas situaciones en visitas técnicas realizadas en Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Santander.
Dueños de Sanitas demandan al Estado colombiano
En paralelo a la prórroga de la intervención, los propietarios de la EPS —Centauro Capital y Natanor XXI, grupos de origen español— presentaron una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington. La reclamación, por un monto de 1.200 millones de dólares, argumenta que Colombia incurrió en una “expropiación indirecta” al asumir el control de la EPS sin autorización judicial. La demanda se fundamenta en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Colombia y España en 2005.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud ha negado cualquier intención expropiatoria y ha insistido en que la medida responde al deber constitucional de proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, la acción legal podría escalar en los próximos meses y generar un nuevo frente de presión jurídica y diplomática para el país.
Otras EPS bajo la lupa
La situación de Sanitas es solo una pieza en el rompecabezas de una crisis estructural que afecta al sistema de aseguramiento en salud. En el último año, otras entidades como Famisanar han sido objeto de intervención estatal, mientras que EPS como Comparta y Medimás fueron liquidadas. A esto se suman retrasos persistentes en la transferencia de recursos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), lo que agrava el desfinanciamiento generalizado.
Analistas y asociaciones médicas advierten que, de no ejecutarse una reingeniería profunda del modelo, el país podría enfrentar una crisis sanitaria con consecuencias masivas. La reforma estructural propuesta por el Gobierno aún no ha logrado consenso en el Congreso, y la incertidumbre regulatoria mantiene en vilo al sector.
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