La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación disciplinaria contra Edgar Guzmán, exsecretario de Gobierno del departamento de Arauca, por presuntas irregularidades en un contrato de compra de combustible. El proceso busca determinar si hubo sobrecostos o manejos inadecuados de los recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias o acciones judiciales más severas.
Arauca, 3 de febrero de 2025. Edgar Guzmán es un dirigente político oriundo de Tame, Arauca, hijo del recordado líder político Edgar Guzmán Tafur, quien fue asesinado en el marco de la violencia que ha golpeado la región. Su trayectoria en la política araucana ha estado marcada tanto por su influencia en círculos de poder como por sus constantes enfrentamientos con sectores adversos.
Durante su paso por la administración del exgobernador José Facundo Castillo, Guzmán desempeñó un papel clave en la Secretaría de Gobierno, periodo en el que se firmó el contrato de adquisición de combustible que hoy es objeto de investigación. La Procuraduría ha puesto su atención en si hubo sobrecostos, posibles irregularidades en la adjudicación o si se usaron los recursos de manera indebida, factores que podrían comprometer su responsabilidad en este caso.
Las visitas realizadas a la sede de la Gobernación de Arauca y la evaluación de los informes contables recopilados no evidenciaron copias que justificaran la ejecución del contrato de compra de gasolina, por un valor de $194.241.893. Además, se encontró un déficit de alrededor de 155 millones de pesos, equivalente a 17.292 galones de combustible faltante. La situación se agrava al no contar con evidencia del recibo de combustible en municipios como Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte, ni en otras entidades, según la ejecución de la orden de compra número 86922 de 2022.
Disputa política de Arauca
Además de su papel como exfuncionario, Edgar Guzmán ha sido protagonista en la reciente pugna política de Arauca, convirtiéndose en el abogado que ha liderado las acciones de nulidad electoral contra el actual gobernador Renson Martínez Prada. Su esfuerzo por anular la elección ha sido visto por algunos sectores como una estrategia para desestabilizar el gobierno departamental, mientras que otros lo respaldan, señalando que existen razones legales para impugnar la elección.
Guzmán ha utilizado su experiencia en derecho para impulsar demandas y generar una ofensiva jurídica contra la administración de Martínez Prada. En este contexto, la investigación en su contra cobra especial relevancia, pues abre el debate sobre si se trata de una acción legítima de control o si existe una instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Esta no es la primera vez que el nombre de Guzmán aparece en el radar de los organismos de control. Su gestión ha sido objeto de cuestionamientos por otros contratos relacionados con infraestructura y seguridad pública. Si bien ha negado cualquier acto indebido, argumentando que sus actuaciones han sido dentro del marco de la legalidad, algunos procesos en su contra continúan abiertos.
En respuesta a la investigación de la Procuraduría, Guzmán declaró: “Confío en que se esclarecerá la verdad y demostraré que todas mis actuaciones fueron dentro del marco legal”. No obstante, este nuevo proceso podría afectar sus aspiraciones políticas futuras, especialmente en un contexto donde el control de poder en Arauca sigue siendo altamente disputado.
Panorama político en Arauca
El anuncio de la investigación a Guzmán ha generado un impacto en el escenario político del departamento. Mientras algunos de sus seguidores lo ven como un líder en la lucha contra la corrupción y un férreo opositor de la actual administración, sus detractores aseguran que sus acciones han sido motivadas por intereses personales y ansias de poder.
La Procuraduría ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y ha asegurado que este proceso se llevará a cabo con total transparencia. La ciudadanía de Arauca observa con escepticismo el desenlace de esta investigación, pues en el pasado, varios casos de corrupción han terminado archivados o en impunidad.
Este proceso disciplinario no solo pone en jaque a Edgar Guzmán, sino que también representa un punto clave en la batalla política de Arauca. Mientras la investigación avanza, el futuro del dirigente sigue en vilo, y con él, el equilibrio de poder en el departamento.
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