Fortul, Arauca, 6 de marzo de 2025 / La Corte Suprema de Justicia evalúa la posibilidad de abrir una investigación contra 27 congresistas por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos públicos. En el caso de Fortul, Arauca, se encuentran dos proyectos viales que suman más de 26.000 millones de pesos, en los que aparece mencionado Efraín Cepeda, presidente del Congreso.
Contratos en Fortul bajo la lupa
Dos contratos en Fortul están en el centro de la investigación: uno para el mejoramiento y pavimentación del tramo Caño Flores – Sitio Nuevo y otro para la construcción de la vía hacia la vereda Palmarito. Ambos proyectos han sido señalados en la lista entregada por María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a la Fiscalía.
La documentación suministrada por Benavides es clave para que la Corte Suprema determine si procede con las investigaciones. Según el informe, los contratos fueron adjudicados bajo condiciones que podrían levantar sospechas sobre su manejo y asignación de recursos.
Más congresistas en la lista
El listado también menciona a varios legisladores vinculados a proyectos en otras regiones del país. Entre ellos, se encuentran cinco congresistas relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo:
- Juan Pablo Gallo: contrato en Magangué, Bolívar, por 14.860 millones de pesos.
- Liliana Bitar: posible convenio administrativo en San Pelayo, Córdoba, por más de 20.000 millones de pesos.
- Wadith Manzur: contrato en Cotorra, Córdoba, por 15.000 millones de pesos para pavimentación.
- Julián Peinado: dos proyectos en San Diego por más de 21.000 millones de pesos.
- Juan Diego Muñoz: dos contratos en Boyacá que suman más de 5.000 millones de pesos.
La investigación sigue en curso
La Fiscalía indicó que la lista presentada por Benavides carece de detalles precisos, por lo que la Corte Suprema podría llamarla a declarar para ampliar la información sobre los contratos. El objetivo es determinar si hubo irregularidades en la adjudicación y ejecución de los proyectos y si existen responsabilidades penales por parte de los congresistas mencionados.
Mientras avanza la evaluación de la evidencia, se espera que la Corte Suprema decida si inicia las investigaciones formales contra los implicados. Por ahora, el caso sigue en la atención de los órganos de control y la opinión pública, especialmente en Fortul, donde los proyectos bajo escrutinio tienen un impacto directo en la comunidad.
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