Las autoridades llevaron a cabo un megaoperativo en la hidroeléctrica Porce III, en Antioquia, con el objetivo de desmantelar un complejo de explotación ilegal de oro que representaba un riesgo para la estabilidad de la infraestructura y el ecosistema de la región. Empresas Públicas de Medellín (EPM) había denunciado que estas actividades ilegales, que se desarrollaban desde octubre de 2024, ponían en peligro la represa y afectaban a comunidades ubicadas aguas abajo del río Porce.
El operativo, que contó con la participación de cerca de 200 policías, se llevó a cabo el viernes 21 de febrero de 2025. Durante la intervención, las autoridades identificaron alrededor de 24 retroexcavadoras y cuatro buldóceres que eran utilizados para la extracción del mineral, además de la construcción de un jarillón que desviaba el cauce del río. Según la Policía, estas actividades ilícitas estarían controladas por el ELN, mientras que disidencias de las Farc y el Clan del Golfo también se disputarían el control del territorio.
Durante el procedimiento se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Algunos de los implicados intentaron evitar la incautación de las máquinas, subiendo a ellas o incluso encendiéndolas para atacar a los uniformados. Para dispersar a los manifestantes, las autoridades recurrieron al uso de gas lacrimógeno. Tras más de dos horas de enfrentamientos, los manifestantes abandonaron el lugar y la Policía incautó y destruyó seis excavadoras y un motor industrial valorados en $3.000 millones.
El general José James Roa, director de la Policía de Carabineros, explicó que las estructuras criminales que operan en la zona coaccionan a las personas dedicadas a la minería ilegal, exigiéndoles un porcentaje de sus ganancias y promoviendo el uso de sustancias altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro, lo que afecta gravemente las fuentes hídricas y la biodiversidad. Además, advirtió que la continuidad de estas prácticas podría generar un desastre aguas abajo de la represa.
Por su parte, EPM reiteró su preocupación por el impacto de estas actividades en la infraestructura de la central hidroeléctrica y en las comunidades aledañas. Según la empresa, la minería ilegal ha provocado la inestabilidad de los taludes que sostienen la represa, aumentando el riesgo de deslizamientos y avenidas torrenciales que afectarían a más de 21 poblaciones en municipios como Anorí, Amalfi, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Como respuesta, EPM inició acciones legales contra los responsables y trabaja en el desmantelamiento del jarillón construido sin autorización.
Deja una respuesta