El departamento de Arauca enfrenta una crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC al mando de alias «Iván Mordisco». Según la Defensoría del Pueblo, los combates han generado confinamientos, desplazamientos y graves violaciones a los derechos humanos en municipios como Tame, Arauquita y Puerto Rondón.
Desplazamientos y confinamientos en aumento
Los enfrentamientos han confinado a comunidades enteras en 11 veredas de Tame, que se suman a otras 23 que ya estaban en esta situación desde el 2024. Además, más de 100 personas han tenido que huir de sus hogares en las veredas El Progreso y Normandía, en Puerto Rondón, buscando refugio en asentamientos informales en los cascos urbanos, donde enfrentan serias dificultades para acceder a salud, educación y alimentación.
La violencia también ha cobrado vidas: en lo corrido del 2025, Arauca ha registrado al menos ocho homicidios y ocho secuestros o desapariciones forzadas. Las zonas más afectadas incluyen los corregimientos de Santo Domingo, Flor Amarillo y Purare (Tame), además de Arauquita y Puerto Rondón.
Defensoría del Pueblo: advertencias ignoradas por el Gobierno
Ante esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes. Ha pedido abrir canales de diálogo entre los grupos armados para lograr un cese de hostilidades prolongado, protegiendo a la población civil y evitando un escalamiento aún mayor del conflicto.
La entidad recordó que ya había emitido las Alertas Tempranas 023 de 2021 y 011 de 2023, en las que advertía sobre el aumento de la violencia en Arauca y la necesidad de una respuesta estatal coordinada para proteger a la población. Sin embargo, la falta de acción efectiva ha permitido que la situación siga empeorando.
Congresistas de Arauca exigen una respuesta inmediata
Frente a la crítica situación, los representantes a la Cámara por Arauca, Germán Rozo, Lina Garrido y Karen Manrique, han elevado llamados al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, exigiendo una respuesta clara y medidas concretas para frenar la violencia en el departamento.
Desde el Congreso, los tres legisladores han insistido en la necesidad de que el Gobierno Nacional actúe con prontitud para atender la crisis humanitaria que atraviesa la región. Han solicitado presencia estatal efectiva en los territorios afectados, acciones humanitarias inmediatas para las comunidades desplazadas y claridad sobre los diálogos de paz con el ELN, cuestionando si realmente están generando seguridad en la población.
En varias oportunidades, los representantes han alertado sobre el peligro que corre la población civil en Arauca debido a la disputa territorial entre los grupos armados. Lina Garrido ha señalado que los enfrentamientos no solo afectan a quienes viven en la zona rural, sino que también están generando una sensación de zozobra en los cascos urbanos. Por su parte, Karen Manrique ha insistido en la urgencia de reforzar la seguridad para los líderes sociales y comunidades indígenas, quienes han sido blanco de amenazas y desplazamiento forzado.
Germán Rozo, en sus intervenciones, ha cuestionado la pasividad del Gobierno y la falta de implementación de medidas efectivas para prevenir la violencia. Ha señalado que las respuestas del alto comisionado de Paz han sido insuficientes y que las comunidades de Arauca sienten que han sido abandonadas por el Estado en medio de un conflicto que no cesa.
¿Qué sigue para Arauca?
A pesar de los constantes llamados de la Defensoría del Pueblo, congresistas y organizaciones humanitarias, el Gobierno aún no ha tomado medidas efectivas para frenar la crisis en Arauca. Mientras tanto, la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado, enfrentando desplazamientos, asesinatos y violaciones a sus derechos fundamentales.
Los congresistas de Arauca han advertido que, si el Gobierno no actúa de inmediato, la situación podría salirse aún más de control, con un agravamiento de la crisis humanitaria y un mayor riesgo para la estabilidad del departamento.
Una crisis en expansión
Arauca no es el único departamento afectado por esta escalada de violencia. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 11 focos activos de emergencia humanitaria en el país debido a disputas entre grupos armados ilegales. Sin embargo, el caso de Arauca es especialmente crítico por su ubicación estratégica y la disputa territorial entre el ELN y las disidencias, que buscan controlar las rentas ilegales en la región.
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