Bogotá, 17 de febrero de 2025. La Defensoría del Pueblo reportó la existencia de once focos de emergencia humanitaria en Colombia, causados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños, adolescentes y jóvenes. La institución advirtió sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en varias regiones del país.
Expansión de los grupos armados y zonas afectadas
Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, al menos diez grupos armados están involucrados en esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC comandadas por alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá Córdoba», así como organizaciones criminales urbanas como los Shottas y los Espartanos, con fuerte presencia en Buenaventura.
Las emergencias han sido documentadas en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca (zona del Pacífico), Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Tolima y Putumayo, donde la situación es especialmente preocupante debido al riesgo en el contexto de las elecciones atípicas del próximo 23 de febrero.
«El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar», afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil.
Chocó: uno de los focos más críticos
Uno de los escenarios más graves se presenta en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el 4 de febrero se han registrado intensos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La Defensoría informó que, por primera vez, se han recibido reportes de la presencia de disidencias de las FARC al mando de alias «Iván Mordisco», quienes, según la institución, estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN.
Adicionalmente, el ELN anunció un paro armado de 72 horas a partir del martes 18 de febrero, lo que ha incrementado el confinamiento de comunidades debido a la prohibición de navegación en la región. La situación humanitaria es crítica: según cifras de la Gobernación del Chocó, al menos 3.600 personas han sido desplazadas y más de 12.000 permanecen confinadas, con especial preocupación por el pueblo indígena Wounaan, que enfrenta restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.
Además, la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas pone en grave riesgo a la población, y la disputa territorial se ha centrado en el control del río San Juan, una vía estratégica para el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y la minería ilícita.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
A estos once focos de crisis se suma la situación en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que ha dejado cerca de 85.000 personas afectadas, entre desplazados y confinados, debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo calificó esta situación como «la peor crisis humanitaria que ha vivido el país en años».
Llamado a la acción
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen acciones inmediatas de protección a las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y las recomendaciones de las instituciones del Estado. Además, instó a la comunidad internacional a fortalecer el apoyo a las iniciativas humanitarias en Colombia.
La Defensoría también exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, en especial el fin del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. «Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas», enfatizó Marín Ortiz.
«La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios», concluyó la defensora del Pueblo.
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