Washington asegura que la expulsión se hizo antes del fallo de un juez federal que suspendió la medida.
San Salvador, 17 de marzo de 2025 / Estados Unidos envió a El Salvador a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana catalogada como terrorista. La medida se tomó tras una orden del expresidente Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma diseñada para tiempos de guerra.
A pesar de que un juez federal suspendió temporalmente la aplicación de esta ley el sábado, la Casa Blanca afirmó que la orden judicial se emitió cuando los expulsados ya estaban fuera del territorio estadounidense.
Cárcel de máxima seguridad en El Salvador
Los detenidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele. “Hoy llegaron los primeros 238 miembros del Tren de Aragua. Fueron trasladados al CECOT por un año renovable”, dijo el presidente salvadoreño.
Los videos oficiales mostraron a los presos encadenados, rapados y vestidos con uniforme blanco, mientras eran ingresados a las celdas del penal, considerado el más grande de América Latina.
Más detenidos y acuerdo previo
Además, el gobierno de EE. UU. deportó a 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos de sus líderes más buscados. Según Bukele, El Salvador se había ofrecido previamente a recibir a estos reclusos como parte de un acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio.
“El país pagará una tarifa baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros”, agregó el mandatario salvadoreño.
EE. UU. defiende su actuación
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó que se haya desobedecido al juez. “La orden se emitió después de que los terroristas ya habían sido expulsados. No hay contradicción entre las acciones de la Administración y la orden judicial”, explicó.
También señaló que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre las decisiones del presidente en asuntos exteriores ni sobre la Ley de Enemigos Extranjeros.
Reacción internacional y cuestionamientos
El gobierno de Venezuela rechazó la medida, calificándola de “criminalización infame” de la migración venezolana.
Organizaciones de derechos humanos también criticaron la decisión y lograron que un juez emitiera una orden de restricción temporal por 14 días, mientras se convoca una audiencia sobre el caso.
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