La decisión no desarma al Estado, pero sí le exige una pausa: antes de volver a bombardear en Arauca, el Gobierno deberá ajustar sus protocolos para evitar que niños y adolescentes reclutados terminen convertidos en daños colaterales.
Un juez de Arauca ordenó suspender de manera inmediata los bombardeos contra estructuras armadas ilegales en el departamento, hasta que el Gobierno Nacional ajuste los protocolos de operaciones aéreas y refuerce las garantías para proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, al resolver una tutela interpuesta por la Personería de Puerto Rondón. El fallo involucra al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y les da un plazo de dos meses para modificar los procedimientos de ataque estratégico, apoyo aéreo cercano e interdicción. Mientras tanto, los bombardeos en Arauca deberán quedar suspendidos.
El fallo llega en medio de un debate nacional sensible. La Defensoría del Pueblo ya había pedido al presidente suspender bombardeos donde pudiera haber menores reclutados, después de confirmar muertes de adolescentes en operaciones militares recientes. Medicina Legal reportó 15 menores muertos en bombardeos entre agosto y noviembre de 2025, incluyendo casos en Guaviare, Amazonas y Arauca.
El caso de Arauca agrava la discusión. En noviembre de 2025, el Gobierno confirmó una operación militar contra estructuras del Estado Mayor Central en el departamento, presentada como un bombardeo de precisión contra redes de alias Iván Mordisco. Pero organizaciones humanitarias y medios nacionales han advertido que Arauca sigue siendo uno de los territorios donde el reclutamiento forzado golpea con más fuerza a la niñez.
La decisión judicial abre ahora una pregunta de fondo: cómo perseguir a grupos armados que reclutan menores sin terminar castigando también a sus víctimas. Para las Fuerzas Militares, los bombardeos son una herramienta contra estructuras responsables de homicidios, extorsiones y ataques. Para la justicia, la ofensiva debe someterse a un estándar reforzado cuando exista riesgo para menores de edad.
El fallo es de primera instancia y puede ser impugnado. Pero, mientras no sea revocado, obliga al Estado a detener los bombardeos en Arauca y demostrar que sus operaciones no solo son eficaces, sino compatibles con la protección especial que la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario reconocen a la niñez.
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