Washington presentó una nueva fuerza para enfrentar a los carteles criminales en la región. Sus promotores hablan de una respuesta necesaria frente al poder del crimen organizado. Sus críticos advierten que podría ampliar la militarización, aumentar los riesgos para los derechos humanos y tensionar la soberanía de los países latinoamericanos.
Estados Unidos volvió a poner a América Latina en el centro de su estrategia de seguridad. El Comando Sur (SouthCom) anunció el fortalecimiento de una nueva fuerza orientada a combatir organizaciones catalogadas como narcoterroristas y redes criminales transnacionales, dentro de una política impulsada por la administración de Donald Trump que plantea una cooperación militar mucho más activa con gobiernos aliados.
La iniciativa se presenta como una respuesta al creciente poder de los carteles, responsables de buena parte del tráfico de cocaína, armas, personas y dinero ilícito en el continente. Desde Washington sostienen que las estructuras criminales ya no representan únicamente un problema policial, sino una amenaza para la seguridad regional, razón por la cual consideran necesario incorporar nuevas capacidades militares, inteligencia artificial, sistemas autónomos, vigilancia avanzada y operaciones conjuntas.
Pero el anuncio también reabre un viejo debate en América Latina.
¿Hasta dónde puede llegar la cooperación militar sin afectar la autonomía de los Estados?
Diversos expertos recuerdan que la región tiene una larga historia de intervenciones extranjeras y advierten que una mayor presencia militar estadounidense, aunque cuente con autorización de algunos gobiernos, inevitablemente despierta interrogantes sobre la soberanía nacional y los límites del uso de la fuerza.
La preocupación no termina allí. Organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas en seguridad sostienen que la militarización de la lucha contra el crimen no siempre produce los resultados esperados. Casos recientes en México, Ecuador, El Salvador y Perú muestran que ampliar el protagonismo de las Fuerzas Armadas puede traducirse en mayores denuncias por abusos, uso excesivo de la fuerza y debilitamiento de los controles civiles sobre la seguridad pública.
Otro interrogante es el costo de la estrategia. Washington no ha revelado cuánto representará financieramente el despliegue de estas capacidades ni cuál será el nivel de participación que asumirán los países latinoamericanos. Tampoco se conocen con precisión las reglas de actuación en escenarios donde podrían intervenir fuerzas estadounidenses junto a ejércitos nacionales.
Mientras algunos gobiernos consideran que el respaldo militar estadounidense puede fortalecer la lucha contra organizaciones cada vez más armadas y sofisticadas, otros observan el anuncio con cautela. El riesgo, advierten varios especialistas, es que la respuesta termine privilegiando el componente militar sin atacar las causas estructurales que permiten el crecimiento del crimen organizado: corrupción, economías ilegales, debilidad institucional y ausencia del Estado. Incluso investigaciones académicas sobre los carteles han concluido que reducir el reclutamiento y fortalecer las instituciones puede ser más efectivo que aumentar únicamente la presión armada.
Por ahora, la nueva estrategia del Comando Sur representa mucho más que un cambio operativo. Abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos humanos, una discusión que probablemente acompañará a América Latina durante los próximos años.
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