La senadora María Clara Posada cuestionó $56.435 millones en tiquetes, viáticos y gastos de viaje entre 2020 y 2026. La Jurisdicción respondió que siete auditorías de Contraloría y 14 informes de Procuraduría no le han dejado hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
El debate por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un segundo frente, esta vez sobre cómo ha gastado sus recursos. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, divulgó cifras sobre viajes nacionales e internacionales y pidió explicaciones por sus costos y resultados.
Según los datos presentados por la congresista, entre 2020 y 2026 la JEP destinó $23.963 millones a tiquetes y $32.472 millones a viáticos y otros gastos de viaje. La suma da $56.435 millones. Posada también habló de más de 75 desplazamientos internacionales y señaló destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago.
En entrevista con Noticias RCN, Posada preguntó “¿Qué hacen los magistrados de la JEP en París? ¿Qué hacen en Chicago? ¿Qué hacen en Milán?”, dijo María Clara Posada, senadora del Centro Democrático.
La respuesta del tribunal
La JEP sostuvo que varias comisiones correspondieron a invitaciones oficiales, rendición de cuentas ante instancias internacionales y diligencias judiciales. Entre los ejemplos mencionó encuentros con Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, así como visitas a cárceles de Estados Unidos para entrevistar testigos.
Frente a las insinuaciones de corrupción, el tribunal puso una cifra distinta sobre la mesa. Aseguró que ha pasado por siete auditorías de la Contraloría General y 14 informes de la Procuraduría sin registrar hallazgos de corrupción ni de otro tipo. La documentación pública de la propia JEP muestra además requerimientos y seguimientos de ambos órganos de control a lo largo de distintas vigencias.
Qué prueba y qué no
La ausencia de hallazgos reportada por la JEP es un dato relevante, pero no convierte automáticamente cada viaje en indispensable ni cierra el debate sobre eficiencia o necesidad. Del mismo modo, un destino internacional o un gasto alto no constituye por sí solo evidencia de corrupción. Para evaluar una comisión concreta hay que revisar objeto, duración, participantes, costos, resultados y autorización.
Hay un antecedente financiero que ayuda a dimensionar la discusión. En 2025 la JEP tuvo un presupuesto de $777.069 millones y, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda y la Contraloría, comprometió el 99,3 %. Para 2026 su apropiación quedó en $744.659 millones, $32.410 millones menos.
El presupuesto está detrás
La controversia por los viajes apareció mientras el Congreso discute los recursos de 2027. El tribunal ha advertido que una reducción fuerte puede afectar su operación y el cumplimiento de sanciones restaurativas; sectores políticos que promueven el ajuste responden que el gasto debe someterse a mayor examen.
Esa discusión tiene dos planos que conviene no mezclar. Uno es si las comisiones de viaje estuvieron justificadas y produjeron resultados verificables. El otro es cuánto dinero necesita la JEP para cumplir las funciones que le asignaron la Constitución y el Acuerdo de Paz. Las auditorías sirven para controlar legalidad y gestión, pero el debate político sobre prioridades presupuestales seguirá en el Congreso.
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