Después de negar los cargos, la joven que estuvo cerca de convertirse en viceministra de Juventudes reconoció que utilizó documentos académicos fraudulentos para acreditar requisitos que no cumplía. El preacuerdo contempla tres años de prisión.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez aceptó su responsabilidad por fraude procesal dentro de la investigación por los títulos irregulares que presentó para aspirar al Viceministerio de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.
En una audiencia realizada el 9 de septiembre, la joven de 24 años reconoció que actualizó su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y entregó los documentos al entonces Ministerio de Igualdad para quedar habilitada como posible viceministra.
Guerrero pidió perdón al país y admitió que actuó de manera equivocada. Su reconocimiento hace parte de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía que contempla una pena de 36 meses de prisión por fraude procesal, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer funciones públicas. Según la información conocida durante la audiencia, la ejecución de la pena quedaría suspendida, por lo que no tendría que cumplirla en un establecimiento carcelario.
Dos títulos fraudulentos
El caso gira alrededor de los diplomas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria expedidos el primero de julio de 2025 por la Fundación Universitaria San José. La investigación estableció que Guerrero no había cursado el plan académico, asistido a clases, presentado las evaluaciones ni realizado las pruebas Saber Pro y Saber TyT. Pese a ello, los documentos indicaban que había cumplido todos los requisitos para graduarse.
La universidad terminó anulando ambos títulos. La Fiscalía sostuvo que Guerrero conocía su origen fraudulento cuando los incorporó a su hoja de vida para cumplir las condiciones académicas exigidas por el Estado.
Su aceptación se refiere al uso consciente de esos documentos para inducir en error a la administración. La expedición material de los diplomas fue atribuida a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, entonces secretario general de la universidad.
De inocente a responsable
Cuando la Fiscalía le imputó cargos el 26 de marzo de 2026, Guerrero se declaró inocente. El preacuerdo representa un cambio completo en su posición frente al proceso. Gutiérrez también reconoció su responsabilidad y fue condenado a tres años de prisión por falsedad ideológica en documento público. Según la investigación, utilizó sus permisos dentro del sistema universitario para avalar manualmente los grados, a pesar de que validadores técnicos habían rechazado la solicitud.
El caso trascendió la frustrada designación de Guerrero y provocó una revisión más amplia sobre títulos entregados por la Fundación San José a funcionarios y contratistas públicos. La Fiscalía deberá establecer si existió un mecanismo extendido y quiénes participaron, pues la aceptación de Guerrero y la condena del exdirectivo no cierran las investigaciones sobre posibles beneficiarios o responsables adicionales.
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