Una diferencia sobre la política de seguridad terminó en una advertencia presidencial, una respuesta del gobernador Luis Alfonso Escobar y un nuevo choque entre la Nación y el departamento.
El presidente Abelardo De La Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, protagonizaron esta semana un fuerte cruce público por el futuro de los diálogos territoriales de paz y los límites que tienen los mandatarios locales frente a los grupos armados.
La controversia comenzó el 1 de septiembre, cuando De La Espriella afirmó durante un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta que no permitiría que autoridades regionales o locales terminaran aliadas con organizaciones criminales. El pronunciamiento ocurrió mientras el nuevo Gobierno endurecía su estrategia de seguridad y aceleraba las operaciones militares contra estructuras armadas.
El reclamo del gobernador
Un día después, Escobar manifestó su preocupación por el giro adoptado por la Casa de Nariño. En entrevistas con Caracol Radio y la revista Cambio sostuvo que las estrategias de seguridad deben responder a las condiciones de cada territorio. “No podemos pasar de la paz total a la guerra total”, señaló el gobernador, quien aseguró que no permitirá que Nariño sea “llenado de sangre”. También pidió evitar una división entre quienes respaldan al Gobierno y quienes sean señalados como cercanos a la criminalidad.
Escobar defendió los resultados de los procesos adelantados en Nariño con Comuneros del Sur, estructura separada del ELN, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según el mandatario, la combinación de diálogo, acción institucional e inversión social permitió reducir diferentes expresiones de violencia.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que las autoridades locales no pueden “compaginar ni contemporizar con el crimen” y calificó la Paz Total del anterior Gobierno como una estrategia que limitó la capacidad de la Fuerza Pública.
La advertencia presidencial
La tensión aumentó el viernes 4 de septiembre durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar. Ante los mandatarios departamentales, De La Espriella sostuvo que ningún alcalde o gobernador puede mantener negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas.
El presidente advirtió que quien cruce esa línea deberá responder ante la justicia y luego dirigió el mensaje directamente a Escobar.
“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, manifestó. La declaración se produjo después de que el Gobierno expidiera actos administrativos para cerrar mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración de Gustavo Petro.
Escobar niega acuerdos ocultos
Esa misma noche, el gobernador respondió que su administración no ha realizado negociaciones clandestinas ni acuerdos por debajo de la mesa. Aclaró que los diálogos desarrollados en Nariño fueron conducidos por delegados autorizados por el anterior Gobierno nacional.
Escobar reconoció que la dirección de la política de paz corresponde al presidente, pero pidió evaluar los resultados alcanzados antes de desmontar completamente el modelo territorial. Además, invitó a De La Espriella a visitar el departamento y conocer la experiencia directamente.
Una relación ya deteriorada
El enfrentamiento tiene antecedentes. Durante la campaña presidencial, De La Espriella acusó públicamente a Escobar de presionar electores y le dijo que no fuera “bandido”. Tras la victoria electoral, el gobernador respondió que prefería “poner la otra mejilla” y buscar entendimiento institucional.
La legislación colombiana reserva al Gobierno nacional la conducción de negociaciones con grupos armados y exige autorización expresa para quienes participen en ellas. Sin embargo, hasta ahora no se han conocido públicamente pruebas de contactos clandestinos realizados por Escobar.
El choque deja dos consecuencias inmediatas. Profundiza el distanciamiento entre el Gobierno nacional y Nariño, y abre incertidumbre sobre la continuidad de los procesos territoriales. También eleva el riesgo de que una discusión sobre coordinación institucional termine convertida en una confrontación política mientras el departamento continúa enfrentando presencia armada, narcotráfico y disputas por el control territorial.
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