La frase del ministro Indalecio Dangond desató críticas en medio de una crisis por costos, precios y productividad. El funcionario aclaró después que su recomendación estaba dirigida principalmente a zonas de La Guajira con repetidas pérdidas y bajos rendimientos.
Una frase que incendió el debate
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quedó en el centro de una fuerte controversia después de recomendar a productores del norte del país no continuar sembrando arroz en zonas donde, según su análisis, el cultivo dejó de ser rentable. Durante un encuentro con agricultores habló del alto consumo de agua, la volatilidad de los precios y planteó al marañón como una alternativa productiva.
La expresión “no siembren arroz, no es rentable” se difundió rápidamente y provocó reacciones de arroceros, dirigentes políticos y exfuncionarios. El cuestionamiento central fue que el arroz es un producto estratégico de la canasta básica y que la solución a la crisis no puede limitarse a reemplazar un cultivo tradicional.
El ministro precisó el alcance
Tras la polémica, Dangond aclaró que no estaba llamando a abandonar la producción de arroz en Colombia. Señaló específicamente el caso de La Guajira y productores de Fonseca que, según dijo, acumulan varias quiebras por costos elevados y bajos rendimientos. El ministro sostuvo que en áreas con riego un cultivo debe acercarse a ocho o nueve toneladas por hectárea para soportar costos que pueden superar los $10 millones.
La precisión bajó el alcance nacional de la frase, pero no cerró la discusión. Congresistas de las comisiones agropecuarias pidieron medidas de crédito, tecnificación, reducción de costos y comercialización antes que una sustitución abrupta del arroz. El expresidente Gustavo Petro también cuestionó la idea de reemplazar zonas arroceras y defendió aumentar la producción nacional de cereales.
Una crisis que viene de antes
La discusión ocurre en un sector golpeado por bajos precios y eventos climáticos. En Casanare, el Ministerio reportó que los productores expusieron obligaciones por $250.000 millones con la banca, $150.000 millones con molinos y $71.000 millones con almacenes de agroinsumos. Las inundaciones redujeron allí la productividad promedio de 5,5 a 4,2 toneladas por hectárea.
El Gobierno acordó mesas para reperfilar deudas y anunció recursos para fortalecer plantas de secamiento. Al mismo tiempo, el Ministerio abrió una revisión sobre recursos parafiscales administrados por el gremio arrocero. El choque, por tanto, ya no se limita a una frase. Expone una discusión de fondo sobre productividad, costos, clima, ayudas públicas y el modelo con el que Colombia pretende sostener uno de sus cultivos básicos.
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