La Defensoría lanzó una nueva alerta al país y al Gobierno. Detrás de las cifras persisten el miedo, el subregistro y nuevas formas de captación que están llevando a niños y adolescentes hacia los grupos armados.
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las caras más graves del conflicto armado en Colombia. La Defensoría del Pueblo reportó este lunes que 74 casos fueron registrados entre enero y junio de 2026 y advirtió que la aparente reducción frente a años anteriores no necesariamente significa que el fenómeno esté disminuyendo.
La nueva cifra hace parte de la radiografía de derechos humanos que la entidad entregó al Gobierno nacional este 24 de agosto. En ese balance aparecen 682 casos en 2024 y 419 durante 2025. La propia Defensoría advierte, sin embargo, que el temor a denunciar, los riesgos para las familias y las dificultades para reportar los hechos pueden mantener una parte importante del fenómeno fuera de las estadísticas oficiales.
Una cifra difícil de medir
Ese subregistro obliga a leer los números con cautela. En junio, por ejemplo, la Defensoría había informado de 51 casos conocidos hasta mayo de 2026. El nuevo consolidado eleva a 74 los reportes del primer semestre. El fenómeno tampoco afecta de la misma manera a todos los territorios. Norte de Santander y Cauca concentraban hasta mayo el mayor número de registros, mientras niños y adolescentes varones representaban el 65 % de las víctimas documentadas en ese corte. El 17 % pertenecía a pueblos indígenas y el 12 % a comunidades afrocolombianas.
Nuevas formas de captación
El problema también está cambiando. La Procuraduría ha advertido que los grupos armados están utilizando redes y medios digitales, falsas promesas e incluso vínculos afectivos como mecanismos para acercarse y captar a menores de edad. A esto se suman condiciones que aumentan la vulnerabilidad, como la deserción escolar, la pobreza, la expansión de estructuras ilegales y la débil presencia institucional en algunas zonas.
La respuesta estatal tendrá además una nueva herramienta. En julio fue sancionada la Ley 2590 de 2026, que modificó las penas por reclutamiento ilícito y uso de menores y estableció medidas adicionales de prevención. La norma obliga a priorizar los territorios donde la Defensoría identifique escenarios de riesgo.
Arauca permanece bajo alerta
Arauca no está por fuera de esa preocupación. La Alerta Temprana 014 de 2025, que comprende los siete municipios del departamento y Cubará, Boyacá, identifica el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes entre las conductas advertidas y ya identificadas dentro del escenario de confrontación armada.
La Procuraduría también incluyó a Arauca entre los departamentos con mayores índices de desvinculación de menores de grupos armados. El desafío, por tanto, no termina cuando un menor logra salir de una estructura ilegal. La nueva legislación, las alertas tempranas y los programas de protección tendrán que demostrar ahora si pueden llegar antes de que otro niño sea reclutado.
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