Familias de la vereda La Filadelfia comenzaron a abandonar sus viviendas por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Otras tres comunidades están bajo riesgo. El desplazamiento ocurre en el mismo corregimiento donde una masacre paramilitar obligó a cientos de habitantes a huir hace casi tres décadas.
La guerra volvió a obligar a campesinos de El Aro, en Ituango, a abandonar sus casas. Cerca de 100 personas de la vereda La Filadelfia solicitaron apoyo para desplazarse hacia el casco urbano del municipio después de fuertes enfrentamientos entre estructuras disidentes de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el número definitivo solo podrá establecerse cuando termine la caracterización de las familias. Algunos reportes periodísticos elevan el balance a 130 personas, pero esa cifra todavía no aparece consolidada en el comunicado oficial de la Defensoría.
La violencia puede empujar a más comunidades
Los combates se registraron en La Filadelfia, pero la preocupación no termina allí. La Defensoría mantiene vigilancia sobre las veredas El Torrente, La Rica y San Luis, donde existe riesgo de que nuevas familias también tengan que salir si continúan las hostilidades.
La tensión había aumentado desde el 20 de agosto. En el sector Agualinda, vereda Los Galgos, apareció un artefacto explosivo junto a una bandera presuntamente alusiva a las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco. El tránsito estuvo restringido hasta el 22 de agosto y un integrante de la Fuerza Pública resultó herido durante las labores para recuperar la seguridad del corredor.
La Defensoría ya había advertido estos riesgos mediante la Alerta Temprana 004 de 2020 y su posterior seguimiento.
El Aro conoce demasiado bien lo que significa huir
El lugar donde ocurre este nuevo desplazamiento carga una historia particularmente dolorosa. En octubre de 1997, paramilitares incursionaron en El Aro durante varios días, asesinaron civiles, incendiaron viviendas, robaron ganado y provocaron un desplazamiento masivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó posteriormente al Estado colombiano por las Masacres de Ituango.
La Unidad para las Víctimas estima que aquel episodio obligó a unas 1.400 personas a abandonar el territorio. Casi tres décadas después, la historia no se repite exactamente de la misma manera, pero conserva una escena demasiado conocida. Campesinos haciendo maletas no porque quieran marcharse, sino porque permanecer en su tierra puede ponerles la vida en riesgo.
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