Colombia activó un esquema extraordinario por El Niño. Quien consuma más de 110% de su meta tendrá un cobro adicional y quien baje del 90% podrá recibir dinero. El problema está en la letra pequeña. La referencia se fija con el consumo pasado y prácticamente no cambia aunque cambien las necesidades del hogar.
Desde este 1 de septiembre millones de hogares y pequeños negocios colombianos entraron automáticamente a un experimento de ahorro forzado por el bolsillo. La Resolución CREG 101 120 de 2026, ajustada posteriormente por la 101 126, establece durante seis meses una meta individual de consumo de electricidad. Si el usuario se pasa suficientemente de ella, paga más. Si reduce considerablemente su consumo, puede recibir un saldo a favor.
El Gobierno lo justifica por un escenario que se ha deteriorado. El Ideam confirmó el fortalecimiento de El Niño y la CREG reportó a finales de agosto que los aportes hídricos llevaban cuatro meses por debajo de sus medias históricas. En agosto incluso estaban por debajo del percentil 10 del registro desde 1983, mientras la demanda ha alcanzado jornadas superiores a 260 GWh.
El 70% no es toda la factura
Aquí aparece la primera aclaración. Cada comercializador calculará una meta utilizando la mediana del consumo diario registrado durante los 12 meses anteriores. Se puede gastar hasta 110% de esa referencia sin cobro extraordinario. Solo los kilovatios que pasen de ese 110% tendrán recargo. Los factores son 1,30 para estratos 1, 2 y 3; 1,50 para estratos 4, 5 y 6, y 1,70 para usuarios comerciales e industriales regulados.
Traducido correctamente, el adicional equivale al 30%, 50% o 70% de la tarifa aplicable únicamente sobre la energía que exceda el límite, no sobre toda la factura. Un ejemplo lo hace más claro. Si una vivienda tiene meta de 200 kWh, puede llegar hasta 220 kWh sin pagar el cobro. Si consume 250, el recargo recae sobre 30 kWh.
Suponiendo, únicamente para ilustrar, una tarifa de referencia de $1.000 por kWh, el adicional sería aproximadamente $9.000 para estratos 1 a 3 y $15.000 para estratos 4 a 6. Un establecimiento comercial pagaría $21.000 adicionales.
Por eso decir simplemente que “la factura subirá 70%” es incorrecto.
La fórmula tiene puntos débiles
La medida sí genera preguntas de equidad.
La meta se calcula una vez y queda prácticamente congelada durante el programa. La resolución no contempla un ajuste ordinario porque aumente el número de personas que viven en una casa, alguien empiece a trabajar desde el hogar o una ola de calor obligue a utilizar más ventiladores y aire acondicionado. Solo prevé cambios por situaciones específicas como errores de medición, exclusiones contempladas en la norma o cambios de titular.
Eso puede sentirse particularmente en regiones calientes. La regulación establece un piso de consumo de subsistencia de 173 kWh mensuales para municipios por debajo de 1.000 metros de altitud y 130 kWh para los ubicados por encima, precisamente porque históricamente se reconoce que las zonas cálidas requieren más electricidad para refrigeración y ventilación.
También existe una asimetría curiosa. Para no pagar basta mantenerse hasta 110% de la meta, pero para que exista ahorro reconocido hay que bajar de 90%. Quien simplemente reduzca 5% no recibe ese reconocimiento. Y el premio tampoco está garantizado. El dinero para los ahorradores no sale del presupuesto público. Provendrá de lo efectivamente recaudado a quienes se excedan dentro del mismo mercado de comercialización. Si casi nadie paga recargos, el beneficio puede ser pequeño o incluso $0.
Hay otra particularidad. Hospitales, colegios, organismos de emergencia y seguridad están excluidos por razones evidentes, pero también lo están las instalaciones de entidades públicas. Estas últimas tienen planes obligatorios de ahorro ordenados por MinEnergía, aunque no estarán sometidas al mismo cobro monetario que hogares y negocios.
Por ahora habrá una especie de aviso antes del golpe al bolsillo. El primer ciclo facturado será pedagógico. Si alguien se excede, verá cuánto habría pagado, pero ese valor no será cobrado. El recargo real empezará desde el ciclo inmediatamente siguiente.
La necesidad de ahorrar tiene sustento. La propia CREG advierte que la hidrología empeoró y que el sistema necesita preservar agua y aumentar respaldo térmico. Pero una política diseñada para evitar un eventual racionamiento tendrá otra prueba además de reducir kilovatios. Que no termine confundiendo desperdicio con necesidad.
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