El cierre de tres procesos heredados de la Paz Total ya produjo consecuencias judiciales. Policía Judicial puede volver a detener a integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, la CNEB y Los Pachenca que habían sido reconocidos como representantes en las negociaciones.
La decisión política del Gobierno de Abelardo De La Espriella ya aterrizó en los expedientes judiciales. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, expidió la Resolución 0-0263 del 1 de septiembre y ordenó reactivar 46 órdenes de captura que permanecían suspendidas por la participación de sus beneficiarios en procesos de diálogo impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro.
La medida alcanza a 27 integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, encabezado por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca.
Entre los nombres más conocidos aparecen alias ‘Calarcá’, ‘Jhon Mechas’, ‘Andrey’, ‘Walter Mendoza’ y ‘Araña’. Este último pertenece a Comandos de Frontera y además está requerido en extradición por Estados Unidos.
De la mesa a la búsqueda
La Fiscalía no creó ahora nuevos procesos penales contra estas personas. Lo que hizo fue levantar la suspensión de órdenes que ya existían y que habían quedado congeladas para permitir su participación como representantes en los diálogos. El cambio ocurrió después de que el Gobierno terminara el 28 de agosto las negociaciones con estas tres estructuras y revocara formalmente la condición de sus voceros.
Sin esa designación desapareció la razón jurídica que mantenía suspendidas las capturas. La resolución fue enviada a las autoridades de Policía Judicial para ejecución inmediata, lo que significa que quienes tengan órdenes vigentes pueden ser detenidos si son ubicados.
Hay un detalle que evita inflar la cifra. La Fiscalía revisó más situaciones, pero se abstuvo de “reactivar” otras 11 órdenes porque ya estaban activas y no decidió sobre dos personas sometidas a trámites de extradición. La decisión tampoco significa que automáticamente todos los integrantes de todos los grupos armados que participaron en la Paz Total hayan quedado cobijados. La Resolución 0-0263 se refiere específicamente a esas tres organizaciones.
Es, sin embargo, una señal inequívoca del cambio de política. En cuestión de días, varios nombres que figuraban como interlocutores del Estado volvieron a aparecer en la lista de personas que la justicia puede capturar.
Deja una respuesta