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Caso de las luminarias de Bucaramanga que involucra a Jaime Andrés Beltrán pasó a Fiscalía ante la Corte

La investigación por la presunta pérdida de unas 60 toneladas de material y cerca de 30.000 luminarias retiradas del alumbrado público fue remitida a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema debido al fuero actual del ministro de Vivienda.

Cambio de competencia

La investigación conocida en Bucaramanga como el caso de las luminarias o la ‘chatarra’ pasó a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El traslado obedece a que Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien era alcalde de la ciudad cuando ocurrieron los hechos investigados, actualmente ejerce como ministro de Vivienda y cuenta con fuero constitucional.

El expediente busca establecer qué ocurrió con cerca de 60 toneladas de material y aproximadamente 30.000 luminarias retiradas durante procesos de modernización del alumbrado público de Bucaramanga. La denuncia penal fue presentada en agosto de 2024 contra el entonces alcalde y otros funcionarios.

Investigación sigue abierta

Los denunciantes han planteado la posible existencia de un peculado por apropiación y reclaman claridad sobre el inventario y destino final del material retirado. Esos señalamientos hacen parte de la denuncia y no significan que la responsabilidad penal haya sido establecida. Beltrán y las demás personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.

El hecho de que el expediente haya llegado a una fiscalía delegada ante la Corte tampoco implica que la Corte Suprema haya emitido una decisión de fondo. El cambio corresponde a la competencia que deriva del cargo actual del ministro.

La investigación es distinta a la moción de censura que el Senado negó el 15 de septiembre. El siguiente paso dependerá de las decisiones de la Fiscalía Cuarta Delegada, que puede ordenar nuevas diligencias, archivar, avanzar hacia imputaciones u adoptar otras determinaciones previstas en el procedimiento penal. Para Bucaramanga, la pregunta de fondo sigue siendo documental: cuál fue el destino de las luminarias y del material retirado del sistema de alumbrado público.

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