El representante Manuel Alexander Pérez asegura que redes criminales estarían utilizando comunicaciones desde centros penitenciarios para exigir pagos a contratistas, fundaciones y productores. El señalamiento reabre una discusión nacional sobre celulares, inhibidores y control dentro de las cárceles.
El representante a la Cámara por Arauca Manuel Alexander Pérez denunció que ganaderos, contratistas y fundaciones del departamento estarían recibiendo exigencias económicas coordinadas desde establecimientos penitenciarios. Según el congresista, algunas víctimas incluso serían presionadas para desplazarse hasta Venezuela con el fin de entregar el dinero.
La denuncia todavía no identifica públicamente una cárcel concreta ni presenta una investigación judicial que permita establecer qué personas estarían detrás de las llamadas. Por eso, el señalamiento debe mantenerse en el terreno de la denuncia mientras Fiscalía, Policía o Inpec determinan si existen casos documentados y cómo estarían operando esas redes.
El problema que describe Pérez, sin embargo, tiene un antecedente nacional comprobado. En enero de 2026 el Ministerio de Justicia reconoció la gravedad de la extorsión originada desde centros de reclusión y anunció medidas sobre bloqueadores de señal, controles internos y operaciones contra el uso ilegal de comunicaciones. Dos días después informó que una intervención simultánea en 124 cárceles permitió incautar 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM, además de otros elementos prohibidos.
El propio Ministerio señaló entonces que la infraestructura de inhibición de señal llevaba años sin una intervención integral. Esa brecha ayuda a entender por qué el debate no se reduce a instalar tecnología: también involucra controles de ingreso, requisas, corrupción interna, inteligencia penitenciaria y capacidad de judicializar a quienes continúan delinquiendo desde prisión.
Para Arauca, el punto que ahora necesita comprobación es concreto: cuántas denuncias recientes tienen trazabilidad hacia cárceles, desde qué establecimientos se originaron y si las amenazas a ganaderos y contratistas responden a una misma estructura o a grupos distintos que utilizan el nombre de organizaciones armadas para cobrar extorsiones.
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