Las imágenes del presidente caminando con chaleco antibalas, escoltas armados y una pistola visible provocaron reacciones políticas y jurídicas. El Gobierno defendió la escena por el contexto de seguridad, mientras críticos cuestionaron el mensaje y pidieron claridad sobre el arma y su autorización.
El recorrido nocturno del presidente Abelardo De La Espriella por Santa Marta dejó una imagen que rápidamente desplazó parte del debate desde la operación de seguridad hacia el propio mandatario: una pistola visible en su cintura mientras caminaba acompañado por integrantes de su esquema de protección, Policía y Ejército.
El Presidente visitó sectores como Cristo Rey y Gaira después de ordenar el refuerzo militar y policial frente a las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante el recorrido llevaba chaleco antibalas y se movilizó con un dispositivo de seguridad que incluía vehículos blindados y personal armado.
El Gobierno defendió el porte visible del arma como parte del contexto de riesgo y del mensaje de presencia institucional. Desde otros sectores, entre ellos el expresidente Gustavo Petro y organizaciones civiles, surgieron cuestionamientos sobre el simbolismo de que un jefe de Estado aparezca armado en una operación territorial y sobre las autorizaciones aplicables al arma específica.
Hay una precisión jurídica necesaria: el Decreto Ley 2535 de 1993 define el porte como la acción de llevar un arma consigo o a su alcance con el respectivo permiso de la autoridad competente. Además, el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 levantó la suspensión general de permisos de porte que había regido durante años. Sin embargo, la información pública disponible no permite afirmar que el arma del Presidente careciera de permiso ni que se hubiera cometido una infracción.
Medios que consultaron fuentes cercanas al dispositivo señalaron que podría tratarse de una pistola de uso personal y no de dotación oficial, pero esa identificación no ha sido confirmada mediante un registro público del arma. El debate, por ahora, combina una discusión de seguridad, una discusión política sobre el mensaje presidencial y una pregunta documental que solo puede resolverse con la información del permiso correspondiente.
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