La frase del ministro de Agricultura que recomendó no sembrar arroz abrió una disputa sobre rentabilidad, seguridad alimentaria y recursos parafiscales. El Ministerio aclara que hablaba de La Guajira, mientras el gremio insiste en que el Estado debe proteger un cultivo básico para el país.
La frase que encendió la discusión
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quedó en el centro de la polémica después de decir a un productor que no sembrara arroz porque no era rentable y que considerara alternativas como el marañón. La declaración circuló como una recomendación general para abandonar el cereal y provocó críticas de arroceros y dirigentes políticos.
El Ministerio salió después a precisar que la respuesta se refería específicamente al sur de La Guajira, donde sostiene que el cultivo ha registrado cinco años de pérdidas, bajos rendimientos y dificultades de agua. La cartera afirma que trabaja en un plan para recuperar la rentabilidad del arroz en 2027 y que no existe una instrucción nacional para dejar de sembrarlo.
Fedearroz exige otra respuesta
Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, sostuvo que la producción puede ser rentable dependiendo de la zona, el manejo y las condiciones del mercado, pero recordó que el arroz es uno de los alimentos básicos de los hogares colombianos. Su mensaje al Gobierno fue que la seguridad alimentaria exige políticas de protección cuando los precios internacionales o los costos internos ponen en riesgo a los productores.
La discusión tiene otra arista. El ministro ordenó revisar el manejo y los resultados de recursos de la cuota parafiscal y de las subastas de importación de arroz de Estados Unidos. Fedearroz respondió que no tiene nada que ocultar, que esos fondos han sido auditados y que entregará la información requerida. Más allá de la frase que originó la controversia, el problema de fondo sigue abierto. Los productores enfrentan costos, clima, precios y deudas que pueden hacer inviable una cosecha. El Gobierno deberá mostrar si su estrategia de 2027 logra bajar ese riesgo sin reducir la capacidad nacional de producir uno de los alimentos más consumidos del país.
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