El presidente acusó públicamente al alcalde de Sincelejo de representar un esquema de corrupción y dijo que los recursos nacionales destinados a la ciudad no quedarán bajo su control directo. El choque dejó una discusión institucional que ya escaló mucho más allá de una diferencia política.
Un señalamiento desde el poder
El presidente Abelardo de la Espriella convirtió una reunión regional en Sucre en una confrontación directa con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Durante el encuentro, el jefe de Estado cuestionó los procesos judiciales que han rodeado al mandatario local y afirmó que su Gobierno no trabajará bajo lo que calificó como un esquema de corrupción.
De la Espriella aseguró que los recursos nacionales que se destinen a Sincelejo serán sometidos a controles especiales y planteó que no permitirá que queden bajo manejo directo del alcalde. El presidente vinculó su posición a una política anticorrupción que también contempla nuevas estructuras de seguimiento desde la Presidencia.
Procesos no son condenas
La controversia tiene un límite jurídico que no puede perderse. Acuña ha enfrentado investigaciones y procesos, pero la existencia de expedientes no equivale por sí sola a una condena vigente por cada uno de los hechos mencionados públicamente. La discusión política no reemplaza las competencias de jueces, fiscales y organismos de control.
El choque también abre una pregunta práctica. El Gobierno nacional puede establecer mecanismos de ejecución, cofinanciación y seguimiento de recursos dentro de sus competencias, pero una decisión de excluir de manera personal a un alcalde de la gestión de proyectos deberá tener soporte jurídico y administrativo. Sincelejo queda en medio de una confrontación en la que el presidente promete proteger recursos públicos y el mandatario local reclama garantías, respeto institucional y trato igualitario.
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