El Ministerio del Interior plantea digitalizar expedientes, asignar un responsable a cada trámite y eliminar el test de proporcionalidad. Los cambios irían al Congreso mediante un proyecto de ley y tocan un mecanismo constitucionalmente sensible para pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El plan para reducir represamientos
El Gobierno anunció un paquete de cambios para el funcionamiento de la consulta previa, mecanismo mediante el cual comunidades étnicas participan en decisiones, proyectos, obras o medidas que pueden afectar directamente sus territorios, derechos y formas de vida. La propuesta parte de un diagnóstico oficial de expedientes represados y trámites que pueden extenderse durante meses o años.
Entre los ajustes anunciados están la digitalización de los expedientes, la asignación de una persona responsable para cada proceso y la creación de un comité independiente de seguimiento que verifique fechas y metas sin sustituir a la autoridad competente. El Ejecutivo también plantea eliminar el test de proporcionalidad que hoy se utiliza en determinados escenarios cuando no se alcanza acuerdo.
Una reforma que exige cuidado
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció que los cambios estructurales serán presentados mediante un proyecto de ley. Paralelamente, el Gobierno fijó una meta de noventa días para mostrar resultados de un plan de destrabe administrativo. La velocidad, sin embargo, no puede reemplazar el deber de garantizar participación efectiva.
La consulta previa tiene respaldo constitucional y jurisprudencial y no funciona como un simple trámite de ventanilla. Para comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras y otros grupos protegidos, es una garantía frente a decisiones que pueden transformar el territorio. Por eso el debate central será cómo reducir demoras sin vaciar el mecanismo de contenido. La propuesta deberá pasar por el Congreso y, dependiendo de su alcance, enfrentará un escrutinio constitucional intenso. El Gobierno gana si demuestra eficiencia sin recortar derechos. Las comunidades ganan si un proceso más ágil conserva capacidad real de incidencia.
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