Colombia Luz y Sonrisas publicó su primer informe financiero tras el terremoto y detalló recursos privados por $54.589 millones. El documento permite conocer qué administró la fundación, pero no concilia esa cifra con los más de $2 billones que el presidente dijo haber gestionado con empresarios para la reconstrucción.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, reportó que entre el 7 de julio y el 16 de octubre recibió, administró y canalizó $54.589.523.791 provenientes exclusivamente de aportes privados. La cifra aparece en el informe de gestión publicado después de semanas de cuestionamientos sobre el origen, manejo y destino de las donaciones relacionadas con el terremoto del 10 de agosto.
El reporte aporta datos que hasta ahora no estaban reunidos públicamente. El 81 % de los recursos corresponde a una sola donación de la familia Gilinski, con destinación específica para reconstruir instituciones educativas y centros de salud en Cali. La fundación registra $11.916.639 en gastos administrativos y afirma que los recursos permanecen depositados en entidades financieras vigiladas, sujetos a las condiciones fijadas por los donantes y al avance de los proyectos.
Un fondo concentrado
El 81 % equivale a alrededor de $44.200 millones. Eso deja cerca de $10.400 millones provenientes de otros aportantes. El informe menciona más de cien empresas y entidades vinculadas a la respuesta humanitaria, pero en el capítulo financiero no presenta un cuadro que identifique, aporte por aporte, quién entregó el 19 % restante ni cuánto corresponde a dinero, bienes o servicios.
Para la fase de reconstrucción en Cali, la fundación calcula seis intervenciones por un valor estimado de $61.988 millones. Tres corresponden a instituciones educativas que beneficiarían a 3.300 estudiantes y tres a centros de salud con una atención estimada de 152.000 pacientes al mes. El reporte señala un aporte inicial aprobado a la fiducia de $6.400 millones y estudios y diseños todavía en desarrollo.
La cifra de Presidencia
El contraste aparece al revisar los anuncios oficiales del Gobierno. El 24 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó que, mediante la articulación con el sector privado, se habían gestionado más de $2 billones para atender familias damnificadas, recuperar infraestructura y acelerar la reconstrucción.
Dos días después, Presidencia volvió a decir que la solidaridad privada ya alcanzaba más de $2 billones y señaló que esos recursos se destinarían a través del Fondo Milagro. En comunicados previos y posteriores también se anunciaron aportes individuales de empresas y fundaciones, pero no siempre bajo la misma categoría. Algunos eran donaciones directas, otros compromisos para obras, ayudas en especie y hasta programas de alivio financiero.
Falta una conciliación pública
Esa diferencia de alcance impide afirmar que entre los $54.589 millones de la fundación y los más de $2 billones anunciados por el Presidente exista, por sí sola, plata desaparecida. Son cifras que pueden corresponder a bolsas y mecanismos distintos. El problema de transparencia es otro: hasta ahora no existe una conciliación pública, consolidada y verificable que permita seguir los más de $2 billones anunciados y establecer cuánto fue efectivamente entregado, cuánto sigue siendo un compromiso, quién administra cada componente y qué parte pasó —o nunca debía pasar— por Colombia Luz y Sonrisas.
El propio informe de la fundación demuestra por qué esa distinción importa. Una parte de sus recursos tiene destinación condicionada, algunos aportes para vivienda fueron transferidos directamente a entidades ejecutoras y varias alianzas todavía están en estudios o estructuración. El monto anunciado políticamente y el dinero recibido por una sola fundación no son conceptos equivalentes.
La rendición de cuentas de Pineda aclara una porción del mapa financiero del terremoto, pero deja pendiente la fotografía completa que permita conectar los anuncios presidenciales con cuentas, contratos, fiducias, donantes, ejecutores y beneficiarios. Esa trazabilidad será determinante para saber cuánto de la solidaridad anunciada ya existe como recurso disponible y cuánto continúa en etapa de compromiso.
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