La exconsejera no acudió por tercera vez a una citación de la Fiscalía y su defensa pidió garantías de seguridad para que pueda declarar y entregar material. Sus señalamientos sobre Verónica Alcocer ya abrieron varios frentes institucionales y legales.
El caso Eva Ferrer dejó de ser una sola entrevista polémica y se convirtió en un expediente con ramificaciones penales, disciplinarias, civiles y políticas. La exconsejera presidencial no asistió el 14 de octubre a una tercera citación de la Fiscalía relacionada con la indagación sobre Verónica Alcocer, mientras su abogado pidió garantías de protección para que pueda declarar y aportar las evidencias que afirma tener.
Tres citaciones sin declaración
La Fiscalía había intentado escucharla en agosto y septiembre. Una primera diligencia fue programada para el 19 de agosto y luego aplazada al 27; posteriormente hubo otra fecha el 29 de septiembre. Ninguna se concretó. La tercera convocatoria fue fijada para el 14 de octubre a las 9 de la mañana en el búnker de la entidad y Ferrer tampoco compareció.
Su defensa explicó que la exfuncionaria se encuentra fuera de Colombia después de reportar amenazas contra su vida. El abogado Jhony Batalla sostuvo que busca coordinar con la Fiscalía un esquema de seguridad y una metodología para entregar pruebas. Esa solicitud no valida automáticamente los señalamientos de Ferrer; establece las condiciones que su defensa exige para comparecer.
La Procuraduría también entra
La Procuraduría General abrió su propia línea de actuación. El 13 de octubre citó a Ferrer y a otras cinco personas —Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas— para declarar bajo juramento dentro de una investigación sobre posibles actos de corrupción de servidores públicos.
El Ministerio Público ordenó además a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar pruebas para establecer los hechos denunciados. Es un frente disciplinario distinto al trabajo de la Fiscalía, que evalúa posibles conductas penales.
Petro anuncia acciones
El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos dirigidos contra Verónica Alcocer y, a través de su abogado Alejandro Carranza, anunció acciones penales contra Ferrer y también contra Angie Rodríguez. El anuncio añade una disputa por la veracidad de las afirmaciones y por eventuales responsabilidades derivadas de lo dicho públicamente.
Alcocer, por su parte, ha respondido a distintas acusaciones y su entorno ha cuestionado el contenido de las versiones difundidas. Además existe un antecedente de conflicto económico entre Ferrer y Alcocer: la exasesora reclamó meses atrás 48.000 euros en honorarios que, según ella, quedaron pendientes, además de gastos de vivienda. Ese pleito no prueba ni desacredita por sí mismo las nuevas denuncias, pero sí forma parte de la historia de ruptura entre ambas.
Acusación no es prueba
Ferrer ha hecho señalamientos graves sobre presuntas redes de tráfico de drogas, armas y dinero. En términos jurídicos siguen siendo afirmaciones que deben ser corroboradas. La investigación deberá establecer si existen documentos, registros de vuelo, testimonios, movimientos financieros u otros elementos capaces de respaldarlas.
El caso entra ahora en una etapa más exigente que la discusión mediática. Si Ferrer comparece y entrega evidencia, Fiscalía y Procuraduría podrán contrastarla. Si no lo hace, los señalamientos permanecerán sin el examen probatorio que exige una investigación formal. Esa es la frontera entre una denuncia pública de alto impacto y un caso judicial comprobable.
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