El abogado Alejandro Carranza pidió investigar al registrador por presuntas anomalías en documentos y archivos digitales de las dos vueltas presidenciales de 2026. La denuncia contiene señalamientos graves, pero todavía no equivale a una imputación ni a una decisión judicial.
Una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo frente alrededor de las elecciones presidenciales de 2026. El escrito, de 44 páginas, señala al registrador nacional Hernán Penagos por presuntas irregularidades en el manejo de documentos electorales y archivos digitales correspondientes a las dos vueltas.
La denuncia fue presentada el 13 de octubre por el abogado Alejandro Carranza, quien ha actuado como defensor del expresidente Gustavo Petro. En su elaboración también participaron la excongresista Tamara Argote y un grupo de testigos electorales.
Los denunciantes cuestionan la autenticidad y conservación de formularios E-14, la trazabilidad de archivos digitales y varios procedimientos utilizados durante el escrutinio. El documento sostiene que existirían inconsistencias que deben ser investigadas y plantea una presunta pérdida o alteración de millones de registros de voto.
Acusaciones que deben probarse
La cifra cercana a siete millones de votos mencionada por los denunciantes forma parte de su hipótesis y no puede presentarse como un fraude demostrado. La Fiscalía deberá decidir primero si existen elementos suficientes para abrir actuaciones formales y, después, establecer si alguna conducta tiene relevancia penal.
El escrito pide examinar posibles delitos relacionados con documentos públicos, alteración de resultados, perturbación del proceso electoral y acceso no autorizado a sistemas informáticos, entre otras conductas. La inclusión de esos tipos penales en una denuncia no significa que el registrador haya sido imputado por ellos.
Los E-14 son formularios que contienen los resultados registrados por los jurados en cada mesa y constituyen una pieza central para la trazabilidad electoral. Su comparación con otros documentos del escrutinio permite detectar diferencias, correcciones y reclamaciones.
Qué puede pasar ahora
La Fiscalía puede archivar la denuncia si no encuentra fundamento, ordenar verificaciones preliminares o abrir una investigación si identifica hechos que ameriten indagación. En cualquiera de los escenarios, las responsabilidades deben establecerse individualmente y con evidencia.
El caso también tiene una dimensión institucional. Una acusación de sabotaje contra el Registrador Nacional afecta la confianza en el sistema electoral, por lo que la respuesta no debería quedar reducida a una disputa política. La claridad dependerá de documentos, auditorías, cadenas de custodia digital y trazabilidad de los escrutinios.
La denuncia llega meses después de una elección polarizada y obliga a separar dos planos. Uno es el derecho de cualquier ciudadano a pedir una investigación. El otro es la conclusión sobre si hubo manipulación deliberada, asunto que todavía no ha sido probado por una autoridad judicial.
Deja una respuesta