La Procuraduría abrió proceso disciplinario contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente. El expediente revisará la operación del HK-5118 durante 2024 y 2025 y el manejo del convenio que sostenía las remisiones aéreas.
La operación del avión ambulancia HK-5118, una de las herramientas más sensibles para remitir pacientes desde Arauca hacia centros de mayor complejidad, quedó bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
El organismo de control abrió actuación contra Carlos Alberto Sánchez Arango, exdirector del Hospital San Vicente de Arauca, y contra Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes se desempeñaron como subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.
Qué está revisando la Procuraduría
El expediente busca establecer si durante las vigencias 2024 y 2025 se presentaron omisiones en dirección, seguimiento, control y supervisión contractual. También pretende contrastar los registros de operación de la aeronave con la documentación del convenio y verificar si existieron deficiencias en la protección de los recursos públicos involucrados.
Para hacerlo, la Procuraduría ordenó recaudar informes de supervisión, facturación, registros de vuelo, pagos, garantías, pólizas, modificaciones contractuales y documentos sobre las condiciones de operación del HK-5118.
Un servicio crítico para Arauca
El convenio tenía como objeto garantizar transporte aéreo medicalizado desde el Hospital San Vicente hacia instituciones de mediana y alta complejidad de otras regiones. En un departamento con grandes distancias terrestres y con pacientes que pueden requerir traslados urgentes, la continuidad y trazabilidad de este servicio tienen impacto directo sobre la atención médica.
La apertura de investigación no significa que las personas involucradas hayan sido declaradas responsables. La etapa disciplinaria precisamente deberá determinar si hubo incumplimientos y cuál fue la participación de cada funcionario.
El punto clave del proceso estará en la concordancia entre vuelos efectivamente realizados, pacientes trasladados, servicios facturados, pagos autorizados y obligaciones contractuales. Esa documentación permitirá saber si el servicio operó bajo los controles exigidos.
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