El mandatario increpó a Girley Ordóñez y Elizabeth Jay-Pang en un encuentro grabado. Las dirigentes negaron las irregularidades y el Gobierno anunció una revisión de contratos.
La intervención del Hospital Departamental de San Andrés derivó en un enfrentamiento público entre el presidente Abelardo De La Espriella, la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. En un encuentro ocurrido durante la visita presidencial a las islas, el mandatario les atribuyó resistencia a la medida y lanzó señalamientos sobre contratación pública.
El episodio quedó registrado en un video divulgado a medios. De La Espriella reprochó a las dirigentes supuestas acciones para obstaculizar la intervención del hospital y expresó acusaciones sobre presuntos manejos irregulares de recursos. Las afirmaciones corresponden al presidente y requieren verificación en investigaciones oficiales; ninguna establece por sí misma responsabilidades judiciales.
Un hospital bajo intervención
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una intervención administrativa del hospital ante deficiencias asistenciales, administrativas y financieras. Entre los problemas reportados figuran dificultades con medicamentos e insumos, prestación de servicios y manejo de recursos. La institución atiende a habitantes del archipiélago, donde la capacidad hospitalaria tiene un peso decisivo por las dificultades para trasladar pacientes al continente.
El 18 de octubre, Presidencia anunció la conformación de un equipo para examinar la contratación del centro asistencial. El comunicado presidencial mencionó equipos médicos sin utilizar, posibles nóminas paralelas y contratos específicos cuya pertinencia será examinada.
Las señaladas responden
En la controversia también aparecieron respuestas de las dirigentes. Reportes publicados este lunes dan cuenta de que ambas habían expresado públicamente respaldo a la visita presidencial y a la intervención del hospital, mientras rechazaron señalamientos personales y sobre contratación.
La divulgación del video desató un segundo debate sobre la forma de confrontar a funcionarios públicos en escenarios institucionales. El resultado de la intervención sanitaria y las conclusiones documentadas de cualquier investigación contractual serán los elementos necesarios para establecer qué ocurrió con los recursos y los servicios del hospital.
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