La movilización social contra el costo de vida y los problemas de los servicios públicos derivó en saqueos e incendios. El balance oficial cambió entre el domingo y este lunes.
Francia enfrenta las consecuencias de la jornada de protestas del sábado 17 de octubre, marcada por manifestaciones masivas, enfrentamientos con la Policía, saqueos e incendios de edificios públicos y comercios. Las autoridades elevaron el balance a cerca de 2.400 detenciones, una cifra superior a los 2.000 arrestos comunicados en un corte provisional del domingo.
Las protestas reunieron, según el Ministerio del Interior, a unas 550.000 personas en todo el país. Los organizadores situaron la participación por encima de 800.000. El movimiento comenzó con reclamos estudiantiles sobre las condiciones de la educación pública y se amplió hacia el alza del costo de vida, el deterioro de servicios y el malestar social.
Del reclamo a los saqueos
En París, Marsella, Lyon y otras ciudades, grupos violentos atacaron comercios y se enfrentaron con agentes de seguridad. En Limoges, el incendio de un edificio histórico del Ayuntamiento provocó graves daños. Asociaciones empresariales reportaron afectaciones en centenares de establecimientos, con estimaciones que llegan a 1.500 comercios vandalizados.
Los balances sobre uniformados lesionados han variado según el momento y los cuerpos incluidos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó el domingo de 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. Reportes posteriores hablaron de un número más alto entre las fuerzas del orden, de modo que las cifras deben leerse según su fecha y cobertura.
Macron enfrenta la crisis
El presidente Emmanuel Macron condenó los actos violentos y pidió responsabilidades para quienes participaron en saqueos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, reunió a autoridades para evaluar la crisis; el Gobierno estudia medidas de restricción temporal de reuniones en determinados sectores.
Macron rechazó la renuncia presentada por Nuñez y le pidió cambios en la respuesta de seguridad. Mientras tanto, organizaciones políticas y sindicales mantienen abiertas nuevas convocatorias y exigen respuestas al deterioro de los servicios públicos y del poder adquisitivo. Las autoridades continúan identificando responsabilidades por los hechos violentos.
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