La Corte Suprema negó solicitudes para detener el proceso contra seis excongresistas y autorizó un peritaje destinado a recuperar posibles comunicaciones eliminadas.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia mantuvo el juicio contra seis excongresistas vinculados al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y ordenó un examen forense a los celulares de tres personas clave en la investigación. La decisión se conoció el martes 20 de octubre.
Los dispositivos atribuidos a Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector; y María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, serán sometidos a un peritaje informático oficial e independiente para establecer si pueden recuperarse registros eliminados.
Seis nombres bajo juicio
El proceso involucra a Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte negó la solicitud de anular el llamamiento a juicio y otras peticiones orientadas a terminar anticipadamente la actuación.
La investigación judicial examina la presunta solicitud de beneficios a cambio de apoyar operaciones de crédito público durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según la acusación, se habrían gestionado proyectos de obra como contraprestación, mediante contactos con funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la UNGRD.
Documentos, mensajes y vuelos
El alto tribunal admitió correos, conversaciones de WhatsApp, actas, certificaciones técnicas, registros de vuelos y documentos relativos a contratos. También ordenó a la UNGRD remitir el expediente completo y cronológico del proyecto Dren 8 de Cotorra, Sucre, desde su radicación hasta las actuaciones más recientes.
En las actuaciones investigadas aparecen proyectos relacionados con Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, territorios vinculados a las gestiones contractuales mencionadas en la acusación.
Los jueces también dispusieron recibir declaraciones de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como de Carlos Ramón González, Iván Name y Andrés Calle, entre otras personas llamadas a aclarar reuniones y trámites.
Las pruebas digitales pueden aportar secuencias temporales, contactos o conversaciones que ayuden a reconstruir las gestiones denunciadas. Su valoración corresponde a los magistrados dentro del juicio, donde la Fiscalía, las defensas y los demás intervinientes podrán debatir su contenido.
La decisión judicial amplía el material que será examinado y mantiene abierto un expediente que relaciona solicitudes de recursos, decisiones de crédito público y la contratación de proyectos regionales.
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