La distribución aprobada por el Congreso prioriza defensa, obligaciones pensionales, salud y educación. La inversión pública representa cerca del 15 % del total nacional.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por el Congreso el 20 de octubre por $634,9 billones, incorpora $82,8 billones para el componente de seguridad y $66,9 billones para el sector Trabajo. Las dos partidas figuran entre los rubros destacados en el balance entregado por el Ministerio de Hacienda tras el cierre de la discusión legislativa.
El componente de seguridad distribuye $74,9 billones para Defensa y Policía y $7,8 billones para la Fiscalía General de la Nación. En la asignación de esta última entidad se incluyen $100.000 millones adicionales destinados al fortalecimiento de su operación.
Pensiones y atención sanitaria
En el sector Trabajo, el Gobierno incorporó $6,5 billones adicionales para cubrir obligaciones pensionales. La cartera fiscal ha explicado que el presupuesto busca reconocer pagos obligatorios que estaban insuficientemente financiados en la propuesta inicial.
Para Salud, el Congreso dejó incorporados otros $3 billones, que se sumaron a $2 billones previamente incluidos. El Gobierno presentó así una bolsa de $5 billones para atender necesidades del sistema de salud.
La administración nacional también incorporó recursos para educación superior y reconoció una brecha de funcionamiento aproximada de $700.000 millones en universidades públicas. Durante la discusión se aprobaron aumentos específicos, al tiempo que persistieron desacuerdos por los ajustes presupuestales de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Deuda e inversión en cifras
El gasto nacional aprobado prevé alrededor de $393 billones para funcionamiento, $147 billones para servicio de deuda y aproximadamente $94,8 billones para inversión pública. Esta última partida equivale a cerca de quince pesos por cada cien del presupuesto total.
El Gobierno incorporó además $3 billones para subsidios de energía y gas, y $9,6 billones para obligaciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El Ministerio de Hacienda informó que la JEP registra una reducción global de $181.400 millones, que incluye un ajuste inicial de $170.000 millones y un traslado adicional de $11.400 millones a Defensa. La decisión ha provocado cuestionamientos por sus implicaciones para la justicia transicional.
La ley presupuestal fue aprobada con textos idénticos en Senado y Cámara, por lo que no requirió conciliación y quedó a la espera de la sanción presidencial. La programación de 2027 reflejará cómo se distribuyen efectivamente esos recursos entre funcionamiento, obligaciones y proyectos.
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